Redacción El Chicago Hispano

La administración Trump presentó una demanda contra la ciudad de Chicago, el condado de Cook y el estafó de Illinois por sus políticas de santuario “que prohíben a las fuerzas de seguridad locales coordinarse con las autoridades federales de inmigración”.

La demanda federal, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Chicago, asegura que las leyes y ordenanzas locales “están diseñadas para interferir y discriminar contra la aplicación de la ley federal de inmigración”.

Esto “viola la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos”, en medio de una “emergencia nacional” que el presidente Donald Trump declaró en la frontera sur del país cuando asumió el cargo el mes pasado, argumenta.

El Departamento de Justicia solicita en la demanda una orden judicial que revoque y califique de inconstitucionales las disposiciones estatales, condales y municipales para proteger a la población indocumentada de la deportación.

La presentación de la demanda, el jueves 6 de febrero, es la primera acción del gobierno de Trump en contra del estatus de santuario, después de la orden ejecutiva que firmó el día de su toma de protesta, en la que advierte de sanciones a la falta de cooperación en la aplicación de la ley.

El gobierno federal sostiene que estas leyes “impiden la consulta y la comunicación” necesarias para que los agentes federales “mantengan seguros a los estadounidenses”, según la demanda.

En particular señala una ley estatal, una a nivel del condado de Cook y otra de la ciudad de Chicago que prohíben a las autoridades locales colaborar con agentes de inmigración, y limitan la información que comparten sobre la población migrante con el gobierno federal.

Se trata de la ordenanza de “Ciudades Acogedoras” de Chicago, que prohíbe a sus agentes de policía  colaborar en la aplicación de la ley federal de inmigración únicamente en función del estatus migratorio. Los funcionarios de la ciudad tampoco pregunta ni niegan servicio  por esta condición.

En tanto, la Ley Trust de Illinois no impide que la policía local coopere con las autoridades federales cuando existe una orden de arresto penal federal, a menos que las fuerzas de seguridad locales ayuden al gobierno federal con casos de inmigración civil.

La demanda afirma que los líderes de Illinois participan mínimamente, a menudo frustrando las investigaciones federales, lo que resulta en la liberación de numerosos criminales que debieron ser detenidos.

En la demanda se nombra al gobernador J.B. Pritzker y al alcalde Brandon Johnson por “su esfuerzo intencional” para obstruir la aplicación de las leyes federales de inmigración.

También se incluyen el superintendente de policía de Chicago, Larry Snelling, a la presidenta de la junta del condado de Cook, Toni Preckwinkle, y al sheriff del condado de Cook, Thomas J. Dart, que supervisa la cárcel del condado de Cook.