El Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó que pandillas de Chicago gastaron millones de dólares en armas y drogas, tras hacer fraudes a los programas gubernamentales destinados a rescatar pequeñas empresas tras el CO- VID-19.
En 2020, al iniciar el COVID-19, el Gobierno de Estados Unidos creó diversos programas de ayuda para rescatar empresas con dificulta- des. Entre estos destaca el Programa de Protección de Cheques de Pago (Paycheck Protection Program, PPP, por sus siglas en inglés), que otorgaba préstamos perdonables, que no se tenían que pagar.
Para obtener el préstamo de $20,000 dólares, los solicitantes debían de contar con un negocio propio y demostrar que su empresa ganó al menos $100,000 dólares el año anterior, sin embargo a los solicitantes no se les exigía proporcionar documentación detallada de sus historiales laborales y registros comerciales.
“No creo que alguien haya visto algo así en términos de fraude. Los canales de chat en línea explicaban cómo robar los beneficios del coronavirus, pero estaban alojados fuera de Estados Unidos, por lo que el Gobierno no podía eliminarlos”, aseguró Michael C. Galdo, director de lucha contra el fraude COVID-19 del Departamento de Justicia.
Negocios inventa dos, entre ellos, barberías, servicios de limpieza y empresas de jardinería, utilizaron la ayuda para comprar armas o contratar prestanombres para que lo hicieran.
Un ejemplo de ellos son las empresas Travelling Vice Lords y Wild 100s, de bandas criminales callejeras en Chicago y en todo el país, que utilizaron esos recursos para comprar armas y drogas.
Durante la pandemia, el precio de las armas ilegales en Chicago se disparó, pero las pandillas y reclusos en prisiones federales pudieron pagarlas con los ingresos de la ayuda por el COVID-19, según agentes federales.
El Departamento de Justicia estima que en todo el país, al menos un cuarto de billón de dólares en beneficios fraudulentos del seguro de desempleo fueron a parar a reclusos en prisiones federales.
DATO
- Al menos, el 17 % de los 1,2 billones de dólares entregados por esos programas de ayuda por el COVID-19, se obtuvieron a través de fraudes, y más de 3,000 personas en todo el país han sido acusadas por ese delito.
