Redacción ECH

Mientras agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) deporta a gente que no ha cometido delitos, un indocumentado liberado por la policía mató a una estudiante universitaria en los alrededores de la playa Tobey Prinz, barrio de Rogers Park, al norte de Chicago.

La muerte de Sheridan Gorman, una joven de 18 años estudiante de la Universidad Loyola, se ha convertido así en el nuevo símbolo utilizado por la Administración de Donald Trump para defender su política de deportaciones masivas.

La tragedia ocurrió la madrugada del 20 de marzo en Illinois, cuando Gorman caminaba con amigos cerca de su casa. Habían salido a ver la aurora boreal, en lo que debía ser una noche tranquila. Sin embargo, un hombre armado se acercó al grupo y abrió fuego. La joven recibió un disparo por la espalda y murió en el lugar.

El acusado y las fallas del sistema

El presunto atacante fue identificado como José Medina, un migrante venezolano de 25 años en situación irregular. Según la policía de Chicago, ya había sido detenido anteriormente por robo, pero fue liberado. Ahora enfrenta cargos por asesinato.

Las cámaras de seguridad muestran que el agresor, vestido de negro y con el rostro cubierto, se aproximó al grupo y disparó directamente contra Gorman antes de huir. Hasta el momento, no está claro si la víctima fue un objetivo específico o si se trató de un ataque aleatorio.

El caso ha intensificado las críticas hacia las autoridades migratorias, señaladas por no priorizar la detención de personas con antecedentes delictivos, pese a que ese ha sido uno de los principales argumentos para endurecer las políticas migratorias.

Mientras tanto, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, declaró mediante la red social Facebook que “el asesinato de Sheridan Gorman es una tragedia, y la persona responsable debe rendir cuentas con todo el peso de la ley”. Asimismo, Pritzker extendió sus “más sinceras condolencias a la familia, los amigos y a la comunidad de la Universidad Loyola, que lamenta esta devastadora pérdida”.

Un nombre más en una narrativa política

Gorman se suma a otros casos que han sido utilizados en el debate público, como los de Laken Riley, Katie Abraham y Jocelyn Nungaray. En todos ellos, el Gobierno ha vinculado los crímenes con la inmigración irregular, responsabilizando también a las políticas migratorias de la administración anterior.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se ha insistido en que estos casos reflejan una amenaza a la seguridad pública, mientras que críticos advierten que se está construyendo una narrativa que generaliza y criminaliza a los migrantes.

Una vida truncada

Originaria de Nueva York, Gorman era descrita por sus allegados como una joven alegre, sociable y llena de intereses: le gustaba viajar, la música, cocinar y asistir a conciertos. En redes sociales, sus amigos han convertido sus últimas publicaciones en un espacio de despedida, con mensajes de dolor y homenajes.

Su muerte ha dejado una profunda huella en su familia y en la comunidad universitaria, que aún intenta comprender cómo una situación cotidiana terminó en tragedia.

Entre seguridad y política migratoria

El caso también ha reavivado el debate sobre la efectividad de medidas como la llamada “ley Laken Riley”, que amplió los criterios para deportar a migrantes con antecedentes, incluso, por delitos menores.

Mientras el DHS apunta a la falta de cooperación de autoridades locales como obstáculo, sus detractores sostienen que este crimen evidencia fallas estructurales en la aplicación de las políticas migratorias: se deporta a personas sin antecedentes, pero no se actúa con la misma contundencia frente a quienes sí representan un riesgo.

La muerte de Sheridan Gorman, más allá del uso político que se le dé, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: si este tipo de tragedias realmente se están previniendo o si, por el contrario, siguen siendo el resultado de un sistema que no funciona como promete.