La situación afectaría principalmente a comunidades de minorías étnicas.

El Chicago Hispano

Aún cuando la moratoria de desalojo nacional se extendió por 30 días más, hasta el 31 de julio, el riesgo persiste para un estimado de 4,2 millones de adultos, en su mayoría latinos, afroamericanos e indígenas, según un estudio de Urban Institute.

Esta población, principalmente de color, reporta riesgo de desalojo o ejecución hipotecaria tan pronto como el próximo mes. Son personas excluidas de las oportunidades de propiedad de vivienda y acumulación de riqueza, que enfrentan impactos económicos y de salud más severos por COVID-19, dice el análisis.

El reporte asegura que la moratoria federal y las promulgadas por estados y ciudades de todo el país durante la pandemia han salvado vidas y evitado aproximadamente 1,55 millones de desalojos. Sin embargo, advierte que quitarla a fin de mes tendría efectos devastadores para inquilinos, propietarios y  comunidades.

Si se desaloja a los 4,2 millones de adultos en riesgo habría una pérdida de 6.6 mil millones de dólares y 5 mil millones de dólares en aumento de la deuda para esos inquilinos. A los propietarios les costaría 4.6 mil millones de dólares atender y procesar los desalojos y hasta 50 mil millones de dólares en alquiler perdido y reparaciones a las unidades,

El gobierno federal asignó casi 50 mil millones de dólares en asistencia de alquiler de emergencia a través de varios paquetes de ayuda pandémica, pero los inquilinos no han recibido el dinero lo suficientemente rápido. “Será desastroso quitar la moratoria de desalojo a fin de  julio, cuando la ayuda para el alquiler no llega”.

“Estas interrupciones pueden resultar costosas tanto a corto como a largo plazo. La pérdida de empleo y pertenencias, así como los costos asociados con la mudanza y la obtención de nuevos alojamientos, es significativa”, precisa.

Además, el estudio afirma que un desalojo conduce a grandes dificultades para las familias, ya que además de perder su hogar y la angustia psicológica que lo acompaña, pueden perder sus pertenencias personales, los niños interrumpir su educación y los adultos experimentar la pérdida del trabajo, entre otros.

Concluye que las localidades pueden minimizar el número de personas desalojadas después del 31 de julio y reducir los costos asociados para inquilinos, propietarios y comunidades a través de cuatro estrategias: Restablecer una moratoria de desalojo hasta que los recursos de emergencia estén disponibles y accesibles.

Dirigir la asistencia para el alquiler a hogares que más la necesitan, con menos ingresos y en vecindarios más pobres; facilitar el acceso a esa ayuda simplificando los trámites de solicitud; y establecer asociaciones entre tribunales y administradores para evitar  solicitudes de desalojo por falta de pago de alquiler.

Redacción ElChicagoHispano