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Senado aprueba proyecto sobre archivos Epstein y lo envía al despacho de Trump

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Redacción ECH

El Senado de Estados Unidos aprobó este martes un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a divulgar más información sobre el caso que construyó contra el fallecido delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein.

La votación en la Cámara alta se produjo pocas horas después de que la Cámara de Representantes avalara la medida por un amplio margen y la enviara al escritorio del presidente Donald Trump, quien pasó meses intentando frenarla.

En el Senado, la aprobación se hizo por unanimidad mediante el mecanismo de unanimous consent, lo que significa que ningún senador presentó objeciones, pero no se realizó una votación nominal. Horas antes, la Cámara de Representantes había aprobado el proyecto por 427 votos a favor y solo 1 en contra.

“Se trata de darle al pueblo estadounidense la transparencia que lleva tiempo reclamando”, afirmó el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de pedir la aprobación de la iniciativa. “Las víctimas de Jeffrey Epstein han esperado lo suficiente”.

La votación del martes pone fin a meses de tensiones dentro del Partido Republicano y entre el Congreso y la Casa Blanca sobre cómo manejar los archivos relacionados con Epstein.

Muchos legisladores conservadores quedaron atrapados entre la presión de Trump para bloquear el proyecto y la demanda de transparencia de sus propios votantes.

Durante este proceso, hubo una campaña intensa para sortear la oposición de los líderes republicanos de la Cámara y de funcionarios de la Casa Blanca, que trabajaron con fuerza para convencer a los miembros de su partido de votar en contra.

Mientras los demócratas aprovecharon el tema para evidenciar divisiones internas en el Partido Republicano por la decisión del gobierno de retener información adicional sobre el caso Epstein, la situación se volvió cada vez más insostenible para los conservadores, hasta hacer la aprobación prácticamente inevitable.

“Hoy tenemos la oportunidad de lograr algo que no se hizo y debió haberse hecho hace décadas: obtener justicia para las víctimas y sobrevivientes, y transparencia para Estados Unidos”, declaró el representante Thomas Massie (republicano por Kentucky), quien lideró el esfuerzo para forzar la votación en la Cámara Baja. Añadió luego que se sentía “avergonzado de mi propio partido hoy”.

El único voto en contra fue el del representante Clay Higgins, republicano de Luisiana y firme aliado de Trump. En la galería de la Cámara, varias víctimas de Epstein aplaudieron cuando se anunció el resultado de la votación.

Hasta hace poco, la dirigencia republicana en el Senado había minimizado la posibilidad de que la cámara siquiera considerara el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes, lo que hacía pensar que el esfuerzo de Massie y sus aliados terminaría bloqueado. Sin embargo, la presión política y el costo de seguir resistiéndose llevaron finalmente a los senadores a dejarlo avanzar sin objeciones.

Jeffrey Epstein fue un financiero con fuertes conexiones con figuras de poder en la política, los negocios y el entretenimiento. Fue condenado en 2008 por delitos sexuales en Florida mediante un polémico acuerdo judicial que le permitió evitar un juicio federal más severo.

Años después, nuevas acusaciones lo llevaron de nuevo a prisión en 2019 por tráfico sexual de menores. Poco después, apareció muerto en su celda en Nueva York, en circunstancias oficiales consideradas suicidio, pero rodeadas de sospechas y teorías de encubrimiento.

Desde entonces, el caso Epstein se ha convertido en un símbolo de cómo el sistema de justicia puede tratar de forma diferente a personas con dinero, influencia y contactos.

Los llamados a desclasificar archivos y revelar qué sabían las autoridades, a quiénes protegieron o qué se negoció en los acuerdos previos, han sido constantes.

El proyecto aprobado por el Congreso busca precisamente arrojar más luz sobre esos documentos, responder a las víctimas que llevan décadas pidiendo verdad y justicia, y aclarar el papel del Gobierno federal en uno de los escándalos de abuso y explotación sexual más notorios de las últimas décadas en Estados Unidos.

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