Redacción El Chicago Hispano

Organizaciones comunitarias, concejales y residentes del noroeste de Chicago presionan para que se apruebe una nueva ordenanza que protegería a las viviendas en una zona que se está gentrificando rápidamente, con el propósito de mantener a más familias antiguas en sus hogares.

La Ordenanza de Preservación del Noroeste, presentada al Concejo Municipal por seis concejales, propone una ley para proteger mejor las viviendas de dos, tres y cuatro apartamentos en partes de Hermosa, Logan Square, Avondale, West Town y Humboldt Park.

Esas áreas han visto la tasa más alta de gentrificación y desplazamiento de familias antiguas en la última década en Chicago. Vecinos y concejales también buscan que la ordenanza se amplíe a más zonas del noroeste y se convierta en permanente.

La propuesta agregaría oportunidades para que los inquilinos se conviertan en propietarios, y aumentaría la tarifa de demolición para los desarrolladores que buscan derribar viviendas multifamiliares antiguas para construir viviendas unifamiliares de lujo.

Otro nuevo componente incluye la legalización de dos pisos por derecho en todas las parcelas zonificadas dentro de los límites de la ordenanza, lo que facilitará la construcción en áreas zonificadas para viviendas unifamiliares.

Según explica la nueva propuesta, el agregado protegerá de convertir las construcciones en viviendas unifamiliares de lujo, y cuando un edificio salga a la venta, cualquier inquilino que vive en uno de los apartamentos tendrá la oportunidad de comprar, así como el derecho de negociar.

La propuesta se basa en dos ordenanzas introducidos en 2021 que protegen las viviendas a lo largo de la 606, así como en el vecindario Pilsen, en un intento por frenar la gentrificación. Una de ellas, la ley piloto de recargo por demolición.

Esa ley cobraba a los desarrolladores $5,000 por unidad y $15,000 por edificio al derribar viviendas unifamiliares y edificios de unidades múltiples en partes de Humboldt Park, Logan Square y Pilsen. El programa piloto se extendió dos veces y expirará en diciembre, lo que abre la posibilidad de crear la legislación permanente.

Ahora se propone que los cargos de demolición sean más altos, $20,000 por unidad y $60,000 por edificio, con la finalidad de que los desarrolladores lo piensen dos veces antes de demoler las casas actuales dentro de las comunidades.

La segunda ordenanza, de antidesconversión, también aprobada en 2021 para las mismas áreas, tenía como objetivo interrumpir la pérdida de viviendas baratas mediante la desconversión de edificios de apartamentos de dos a ocho pisos.

Ambas leyes son necesarias para frenar las conversiones de viviendas de unidades múltiples en viviendas unifamiliares, lo que hace que las viviendas sean menos asequibles y acelera la gentrificación, coinciden los promotores de la nueva ordenanza.

Entre 2013 y 2018, el área cercana a la 606 perdió casi el 60 % de sus edificios de dos a seis pisos, según el Instituto DePaul de Estudios de Vivienda. Entre 2015 y 2021, hubo 768 demoliciones en los distritos 1, 25, 26 y 35, según datos del departamento de vivienda, mientras que tras la aprobación de la ordenanza de demolición en 2021, se han emitido 204 demoliciones en la zona. También hubo una reducción en las viviendas unifamiliares construidas alrededor de la 606, dijeron los concejales.

Los patrocinadores de la propuesta anticiparán una audiencia del comité en agosto para conseguir que más concejales se sumen al apoyo de la nueva ordenanza. Su esperanza es aprobar la legislación este otoño antes de que la disposición 606 expire el 31 de diciembre.

Si se aprueba la ordenanza, crearía vías de vivienda más asequibles para otras áreas que experimentan una pérdida similar de viviendas multifamiliares por individuales de lujo, contribuyendo a abatir la gentrificación en toda la ciudad, dijeron los organizadores.