El alcalde Brandon Johnson calificó las acusaciones como “profundamente preocupantes”, y dijo que la ciudad brindaría atención de salud mental a “todos los que lo necesiten”.
Grupos de activistas continúan presionando a la ciudad para sacar a todos los inmigrantes de las estaciones de policía y evitar seguir utilizando esos sitios como refugios temporales, luego de una serie de acusaciones sobre conductas sexuales inapropiadas de los oficiales contra los solicitantes de asilo. Las llamadas de protestas para sacar a los inmigrantes de las comisarías lograron el traslado inmediato de las personas alojadas en la comisaría del Distrito 10, de Ogden, después de las denuncias contra un oficial de embarazar a una adolescente y otros más de relaciones sexuales impropias con los refugiados.
Grupos comunitarios y organizadores protestaron frente a la estación del distrito; la policía de Chicago confirmó que se abrió una investigación sobre las acusaciones, mientras que la ciudad procedió a desalojar a los solicitantes de asilo que dormían en la estación y distribuirlos en los refugios existentes.
El Consejo Comunitario de La Villita, una de las organizaciones que participan en el apoyo a los inmigrantes, recordó a la ciudad que las estaciones de policía eran refugios temporales para las familias mientras se organizaban otros sitios más apropiados, sin embargo, se seguían utilizando desde agosto pasado.
Baltazar Enríquez, presidente de la organización, dijo que las familias migrantes sufrieron antes de llegar a Chicago, su situación es vulnerable y desconocen que tienen derechos, por lo cual los grupos comunitarios están apoyándolos y seguirán siendo su voz.
Respecto a las acusaciones de comportamiento sexual inapropiado de los policías asignados en la estación de Ogden, que cubre los vecindarios de North Lawndale y La Villita, incluyendo al oficial denunciado por embarazar a una adolescente, no hay aún claridad de la situación.
En un comunicado, el alcalde Brandon Johnson calificó las acusaciones como “profundamente preocupantes”, y dijo que la ciudad brindaría atención de salud mental a “todos los que lonecesiten”.
El concejal Andre Vásquez (Dto. 40), quien supervisa el Comité de Derechos de Inmigrantes y Refugiados del Concejo Municipal, consideró que si las acusaciones son ciertas, “los oficiales deben ser retirados de la fuerza policial rápidamente y llevados ante la justicia”.