Redacción ECH

La administración Trump pretende poner fin a una disposición legal, vigente desde la década de 1990, la cual brinda protección a los niños migrantes que se encuentran bajo custodia federal, conocida como “Acuerdo Flores”, según registros periodísticos.

La medida establece un límite de 72 horas en las que la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) puede mantener detenidos a los menores que viajan solos o con familiares, al tiempo que garantiza las condiciones de seguridad y salud que tienen bajo custodia federal.

Monitores designados judicialmente supervisan la norma e informan sobre las instalaciones que la incumplen. El acuerdo lleva el nombre de una niña salvadoreña, Jenny Flores, cuya demanda por presunto maltrato en la década de 1980 provocó una supervisión especial de los menores migrantes.

Esta es la segunda vez que Trump intentará poner fin al Acuerdo Flores, reportaron agencias noticiosas. En agosto de 2019, durante su primer mandato, el gobierno federal solicitó a un juez la disolución de la medida. Una Corte de Apelaciones revocó la moción en 2020, y el caso no llegó a la Suprema Corte.    

No obstante, incluso con el acuerdo vigente, se han registrado casos en los que no se proporcionan condiciones adecuadas para los niños bajo custodia. Un ejemplo sucedió en Texas, donde retiraron a casi 300 niños de un centro de la Patrulla Fronteriza, debido a que recibían comida, agua y saneamiento inadecuados.

Más de 57 mil en el registro obligatorio de indocumentados

El registro obligatorio de inmigrantes indocumentados, creado por la administración Trump, lleva más de 57,000 inscritos, la mayoría de ellos motivados por el temor de que incumplir esta medida los perjudique en el futuro para lograr un estatus legal, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció a finales de febrero la creación de ese registro en el que todos los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos mayores de 14 años tendrían que apuntarse, completando un formulario y proporcionando sus huellas dactilares, así como su domicilio. 

A partir del 11 de abril de 2025, cuando entró en vigor la nueva regulación, su incumplimiento se castiga con multa y/o prisión. El llamado Registro de Extranjeros es un requerimiento incluido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que está vigente desde hace décadas, pero que nunca se había intentado cumplir.

La aplicación de la Ley obliga a todos los extranjeros que permanezcan en Estados Unidos más de 30 días a registrarse ante el gobierno federal, lo que permite cumplir el propósito del presidente Trump de controlar a todos los inmigrantes indocumentados a través de un registro nacional.

En marzo, organizaciones de derechos humanos presentaron una demanda contra este registro debido a que cuenta con un formulario disponible sólo en inglés y de redacción confusa, cuya aplicación “provocará un caos”, argumentaron los quejosos.

Sin embargo, la demanda fue desestimada por un juez poco antes de la entrada en vigor del registro. La inscripción se hace en línea, en el portal de USCIS, donde se advierte que “si usted no se registra, lo detienen y si carece de evidencia que se registró, lo pueden multar o lo pueden meter a la cárcel”.