Redacción ECH
Las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump podrían tener un fuerte impacto económico para el Gobierno federal, de acuerdo con un análisis de economistas del Yale Budget Lab.
Según la investigación, Estados Unidos podría perder hasta 500 mil millones de dólares en ingresos tributarios durante la próxima década debido a la disminución en la presentación de declaraciones fiscales por parte de inmigrantes indocumentados.
Actualmente, las personas sin estatus migratorio legal aportan alrededor de 66 mil millones de dólares al año en impuestos federales sobre ingresos y nómina. Sin embargo, las nuevas medidas implementadas por la administración Trump podrían generar temor entre estas comunidades y provocar que muchos opten por no declarar impuestos.
El estudio estima que las pérdidas para el Gobierno federal podrían ubicarse entre 147 mil millones y 479 mil millones de dólares en diez años.
Uno de los cambios que más preocupación ha generado ocurrió en abril pasado, cuando el Servicio de Impuestos Internos (IRS) aceptó compartir información de contribuyentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en casos de personas con órdenes finales de deportación. Bajo ese acuerdo, ICE enviaba nombres y direcciones al IRS, que luego verificaba los datos y confirmaba identidades.
Aunque una corte federal declaró ilegal el acuerdo en noviembre, expertos consideran que el daño ya podría estar hecho. Muchos inmigrantes ahora temen que su información fiscal sea utilizada en procesos migratorios.
Durante años, el IRS había mantenido la confianza de los contribuyentes asegurando que sus datos personales permanecerían protegidos y confidenciales. Esa garantía había permitido que millones de inmigrantes cumplieran con sus obligaciones fiscales, aun sin contar con autorización legal para trabajar en el país.
Según el Institute on Taxation and Economic Policy, cerca de la mitad de los hogares integrados por inmigrantes indocumentados presentan declaraciones de impuestos. Solo en 2022 aportaron aproximadamente 96 mil millones de dólares. Además, muchos de ellos no califican para beneficios fiscales ni deducciones, por lo que terminan pagando proporcionalmente más impuestos que numerosos ciudadanos estadounidenses.
A esto se suma otra medida aprobada recientemente dentro de la ley conocida como “Big, Beautiful Bill”, firmada el 4 de julio. La legislación elimina el acceso al crédito tributario por hijos para padres indocumentados, incluso cuando sus hijos son ciudadanos estadounidenses.
Con las nuevas reglas, tanto el menor como al menos uno de los padres deben contar con número de Seguro Social válido para acceder al beneficio, lo que deja fuera a miles de familias de ayudas económicas valoradas en varios miles de dólares anuales.
Trump ha defendido estas decisiones argumentando que los inmigrantes indocumentados no deberían recibir beneficios financiados con recursos públicos. En una orden ejecutiva emitida en febrero de 2025 bajo el título “Ending Taxpayer Subsidization of Open Borders”, el mandatario aseguró que su administración busca “proteger los recursos de los contribuyentes estadounidenses y priorizar a los ciudadanos que realmente necesitan asistencia”.
Por su parte, organizaciones especializadas en política fiscal y derechos migratorios advierten que el efecto de estas medidas podría extenderse más allá del tema migratorio y afectar directamente la recaudación nacional, debilitando una fuente significativa de ingresos para el Gobierno federal.
