Redacción El Chicago Hispano

Un proyecto de ley, que aún se encuentra en el escritorio del gobernador, eliminaría los requisitos de elegibilidad para las personas que deseen tomar un examen de Certificación de Asistente de Enfermería (CNA) en español, lo que podría abrir oportunidades laborales para los inmigrantes latinoamericanos.

Sin embargo, el proyecto, que contó con apoyo bipartidista, y espera la promulgación del gobernador, enfrenta el rechazo de legisladores republicanos, que ya alzaron la voz ante la posibilidad de que extranjeros indocumentados puedan tomar exámenes de la CNA y conseguir empleo.

El Proyecto de Ley 5218 exige que el Departamento de Salud Pública de Illinois ofrezca el examen y evita que el mismo departamento implemente requisitos de elegibilidad “poco prácticos”. A la fecha, la prueba en español está disponible, pero ninguna persona la ha realizado debido a los requisitos.

“El proyecto de ley no incluye cambios en los requisitos relacionados con la capacidad de un candidato para utilizar el inglés en el lugar de trabajo”, explicó la senadora estatal Karina Villa, demócrata por West Chicago. “Simplifica un proceso para ofrecer exámenes CNA en español, que permitirá a más candidatos calificados convertirse en asistentes de enfermería certificados”.

El senador estatal Steve McClure, republicano por Springfield, votó a favor del proyecto y destacó que el examen CNA de español cuesta más que el examen de inglés, pero hay residentes bilingües que se siente más cómodos tomando exámenes escritos en español, lo cual tiene sentido.

“En los hogares de ancianos tenemos muchas personas que no hablan inglés y necesitan que se les cuide, por ejemplo. Esta no es una entrada automática a un puesto. Después de realizar el examen, los candidatos deben solicitar un trabajo donde se asegurarán de que cumplan con los requisitos”, advirtió.

Sin embargo, sus compañeros de bancada no opinaron lo mismo. El representante estatal Adam Neimerg, republicano por Dieterich, votó en contra de la medida por considerar que realmente se trata “de crear una vía de empleo para inmigrantes ilegales”.

Neimerg acusó a la Administración Pritzker de mostrar continuos esfuerzos para eludir las leyes federales de inmigración, “y el proyecto de ley parece lo suficientemente vago como para permitir que las personas que están aquí ilegalmente tomen el examen CNA en español”.

La representante estatal Bárbara Hernández, demócrata por Aurora, aprobó la medida en la Cámara. Explicó que el proyecto de ley no obliga al empleador a contratar en función del idioma, por lo que si requiere que el nuevo empleado complete su capacitación o realice tareas en inglés.

“Es decir, que la medida simplemente les permitiría tomar el examen en su idioma preferido, pero si consiguen empleo en una instalación de habla inglesa, tendrán que aprender inglés también”, dijo Hernández.

Desde el  2 de agosto de 2021, en Illinois es una violación de los derechos civiles que los empleadores discriminen a un empleado en función de su situación laboral autorizada a nivel federal, por lo que cualquier trabajador, sin importar la duración de su permiso de trabajo, está protegido por la Ley de Derechos Humanos.

Se redujo en más del 50 % la población de refugios

Desde que la ciudad comenzó a implementar la política de estadía de 60 días en los refugios que administra, a partir del 16 de marzo, a la fecha, la población de los albergues disminuyó en más de la mitad al pasar de 15,000 a sólo 6,300 solicitantes de asilo, según datos del municipio.

Después de posponer hasta en tres ocasiones la medida límite de estancia, anunciada en noviembre de 2023 por el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, los desalojos programados lograron concentrar a los inmigrantes restantes en 17 refugios de los 28 administrados por la ciudad y el estado.

Según los datos proporcionados, desde la primavera, miles abandonaron los refugios por decisión propia, más de 1,000 personas llegaron a su límite de estadía. De ellas, 625 regresaron a la zona de aterrizaje, donde se reciben a los recién llegados, para solicitar volver a un refugio debido a que carecían de alternativa.

Pese a los que aún no se han ido por no cumplir el límite de estadía, y a los que regresan a falta de opciones para su independencia, un total de 604 a la fecha, la presión en los albergues disminuyó, reconocen funcionarios. Sin embargo, la medida de los 60 días continúa vigente, aun cuando los desalojados solicitan el regreso.

En tanto, muchos de los que se fueron del refugio tenían ya un plan de hospedarse con amigos o familiares en otros estados, mientras que algunos más recibieron ayuda estatal para el alquiler, consiguieron un empleo y ahora están pagando sus propias facturas.

Cientos de ellos cuentan ya con permisos de trabajo; otros encontraron empleos en la limpieza, acomodando anaqueles, en la construcción o la venta de productos. La gran mayoría sufre por la escasez y el costo del alquiler de la vivienda.

Muchos de los casos que han solicitado su regreso a los refugios es porque no encontraron un empleo, ni un lugar accesible para alojarse, o bien porque terminó la asistencia financiera estatal para el pago del alquiler y son desalojados. Entonces, recurren a lo que ya conocen.