Redacción El Chicago Hispano

El Pentágono ha comenzado a retirar a parte de las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Chicago y Portland semanas después de que el presidente Donald Trump ordenara su envío para combatir lo que describió como un incremento en la delincuencia y los disturbios.

Según funcionarios de defensa citados por la agencia Reuters y otros medios nacionales, la decisión implica el regreso a casa de varios cientos de efectivos, pero no supone el fin total de la presencia militar en estas ciudades.

De acuerdo con estos reportes, unos 200 miembros de la Guardia Nacional de Texas destacados en el área de Chicago y alrededor de 200 efectivos de la Guardia Nacional de California desplegados en Portland se preparan para regresar a sus estados de origen.

En muchos casos, estos soldados habían pasado buena parte del tiempo en actividades de entrenamiento, sin participar directamente en operaciones policiales, debido a las restricciones impuestas por tribunales federales a su uso en labores de seguridad interior.

El origen del despliegue se encuentra en una serie de decisiones de la Administración Trump durante 2025 para enviar fuerzas federales —incluidos agentes de inmigración y tropas de la Guardia Nacional— a varias ciudades gobernadas por demócratas, entre ellas, Chicago y Portland.

El argumento oficial era reforzar el combate contra el crimen y las políticas locales consideradas demasiado tolerantes con la inmigración irregular.

En el caso de Chicago, el operativo se vinculó con la llamada Operation Midway Blitz, una ofensiva del ICE en el área metropolitana que generó protestas masivas y un intenso debate sobre la legalidad del uso de tropas estatales en este tipo de misiones.

La presencia de soldados desencadenó una fuerte reacción política y social. Autoridades estatales, entre ellas, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, cuestionaron el despliegue y promovieron recursos legales que terminaron en tribunales federales y, eventualmente, ante la Corte Suprema.

Mientras tanto, organizaciones de derechos civiles y líderes comunitarios denunciaron un ambiente de militarización y temor en barrios ya marcados por tensiones con las fuerzas de seguridad.

La retirada parcial anunciada ahora se interpreta como un ajuste táctico más que como una marcha atrás completa. El Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) ha indicado en comunicados recientes que continuará “ajustando la presencia” de la Guardia Nacional en Chicago, Portland y Los Ángeles “en los próximos días” para asegurar una “presencia constante, duradera y de largo plazo” en estas ciudades. Es decir, algunos contingentes se van, pero otros podrían permanecer o rotar en función de las decisiones federales.

El costo político y económico del despliegue también ha sido objeto de escrutinio. Medios regionales, citando estimaciones oficiales, señalan que solo en un mes los gastos asociados a la presencia de tropas en Illinois han oscilado entre los 4,3 y los 6,2 millones de dólares, con proyecciones de llegar hasta unos 12,5 millones si la misión se extendía a 60 días.

Críticos del operativo cuestionan que recursos militares y presupuestarios se destinen a una misión cuya efectividad en la reducción del crimen no ha sido claramente demostrada.

Mientras continúan las discusiones legales y políticas, la retirada de estos primeros contingentes ofrece un respiro limitado a las autoridades locales y a las comunidades que se oponían al despliegue. Sin embargo, el mensaje del Pentágono y de la Administración Trump es que la opción de recurrir nuevamente a tropas de la Guardia Nacional sigue sobre la mesa, manteniendo abierto un capítulo de tensiones entre el Gobierno federal y las ciudades que han rechazado esta estrategia de seguridad.