Search
Close this search box.

Nueva ley reforzará protección de los trabajadores contra represalias

Facebook
Twitter
LinkedIn

SPRINGFIELD — La senadora estatal Cristina Castro lideró una nueva ley que refuerza las protecciones contra las represalias en Illinois para los trabajadores que dan la voz de alarma sobre cuestiones como el fraude, la intimidación y la seguridad en el lugar de trabajo.

«Los empleados deben estar capacitados para hacer frente y hablar sobre el fraude, el abuso, la criminalidad y la explotación en el lugar de trabajo – no intimidados en silencio,» dijo Castro (D-Elgin). «He luchado con uñas y dientes contra las prácticas no éticas, como el robo de salarios, y la ampliación de las protecciones contra las represalias. [Este] es un paso importante para proteger los derechos de todos los trabajadores en nuestro estado», puntualizó.

La Ley 5561 de la Cámara de Representantes Estatal mejora la protección de los denunciantes en el lugar de trabajo ampliando lo que se considera actividad protegida, concediendo recursos más amplios a los empleados afectados y otorgando al fiscal general de Illinois la capacidad de actuar en nombre de los trabajadores, cuyos empleadores hayan tomado represalias contra ellos por revelar una práctica peligrosa o ilegal, incluidas las amenazas para la salud pública. La ley amplía la definición de represalia para incluir la inclusión de un empleado en una lista de exclusión para futuras oportunidades.

Para algunos trabajadores inmigrantes, defender sus derechos puede significar poner en peligro su fuente de ingresos y la de su familia. A fin de defender a estos empleados, la ley de Castro otorga mayores protecciones y recursos a los denunciantes que se enfrentan a represalias relacionadas con la inmigración, como la amenaza de que un empleador se ponga en contacto con las autoridades migratorias de Estados Unidos en respuesta a la revelación de información protegida por parte de un trabajador.

El Proyecto de Ley 5561 de la Cámara de Representantes estatal se adoptó el 9 de agosto y entrará en vigor el primero de enero de 2025.

Edición Digital

Últimas Noticias