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Mayoría de chicagoenses rechaza uso de la Guardia Nacional para labores policiales

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Redacción ECH

Una encuesta reciente revela que la mayoría de los residentes de Chicago considera “inaceptable” el uso de la Guardia Nacional o del Ejército estadounidense en tareas de seguridad local o deportaciones.

Según el sondeo ChicagoSpeaks, realizado por NORC de la Universidad de Chicago, el 56 % de los encuestados rechaza la participación de estas fuerzas en apoyo a la policía, y un 66 % se opone a su intervención en operativos migratorios.

El estudio se publicó poco después de que la jueza federal April Perry suspendiera por 14 días la orden del presidente Donald Trump de desplegar tropas en Illinois.

Mientras, la Casa Blanca justificó la medida por supuestos disturbios, la magistrada afirmó que no existe evidencia creíble de una amenaza de rebelión en el estado.

Aunque un 71 % de los residentes reconoce que la criminalidad es un problema grave en Chicago, el 69 % rechaza que el Ejército o la Guardia Nacional asuman el control de la policía local.

La encuesta también refleja una marcada división partidista: el 78 % de los republicanos considera aceptable la intervención militar, frente a un 70 % de los demócratas que la desaprueba.

Los resultados llegan en un contexto político tenso y en medio de debates sobre la seguridad pública en las grandes ciudades. Chicago ha sido históricamente escenario de fuertes discusiones sobre el papel del Gobierno federal en asuntos locales, especialmente tras los despliegues de la Guardia Nacional durante las protestas de 2020 y en periodos de alta violencia.

Expertos señalan que las percepciones ciudadanas reflejan tanto la preocupación por la seguridad como la defensa de la autonomía local.

El sondeo ChicagoSpeaks, que incluyó a 1,361 adultos entre el 16 y el 29 de septiembre, fue diseñado para representar a la población de la ciudad y tiene un margen de error de ±3.7 puntos porcentuales.

Sus hallazgos reafirman una constante en la política urbana de Chicago: la mayoría de los residentes prefieren soluciones locales y comunitarias antes que la intervención militar en la seguridad pública.

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