El Chicago Hispano
Los propietarios de vivienda e inquilinos de Illinois tienen una esperanza para regular su situación en la propuesta de ley presentada por la representante estatal Delia Ramírez, demócrata por Chicago, inspirada en el estrés financiero que COVID-19 está causando a muchas familias.
La iniciativa de Ramírez es una legislación integral de ayuda inmediata para ambas partes del sector arrendador, que fue presentada el 4 de mayo como ley HB5574 HA1. El proyecto de ley incluye reformas críticas para proporcionar ayuda y protección a propietarios e inquilinos.
Entre ellas se encuentran: extender la moratoria sobre desalojos residenciales y desalojos comerciales de pequeñas empresas por 180 días adicionales, más allá de la orden ejecutiva del gobernador, y cancelar pagos de alquiler residencial durante el período de moratoria para aquellos que experimentan dificultades debido a la pandemia.
Además, establecer un fondo de ayuda financiera a propietarios por alquileres residenciales cancelados, pagos hipotecarios morosos, y para que los inquilinos puedan mudarse; brindar alivio a propietarios difiriendo pagos de hipoteca y eliminando tarifas; ofrecer a inquilinos oportunidad de remediar infracciones de arrendamiento, celebrar acuerdos de pago y permanecer en sus hogares después del período de moratoria.
También prevé proteger a los inquilinos de la discriminación, cierres ilegales, cargos innecesarios y represalias. “El COVID-19 está causando estragos en muchas familias que luchan por llegar a fin de mes mientras experimentan una pérdida o disminución de sus ingresos”, expone Ramírez en la propuesta.
“El hecho de que alguien tenga o no un lugar para llamar hogar no debe estar vinculado a su estado financiero. Esta pandemia ha expuesto las deficiencias de un sistema económico que las familias trabajadoras han sufrido por años”, agrega.
Si bien este proyecto de ley tiene como objetivo proporcionar un alivio inmediato durante esta crisis, Ramírez pretende seguir trabajando en el tema en el ámbito legislativo, con el fin de garantizar que “las leyes reflejen la vivienda como un derecho humano”.
