Redacción ECH

Un jurado en Nuevo México determinó que la empresa tecnológica Meta violó leyes de protección al consumidor al no salvaguardar adecuadamente a los menores frente a riesgos como la explotación sexual y los efectos negativos en su salud mental.

El fallo, considerado histórico, llega tras casi siete semanas de juicio. Los jurados respaldaron a la fiscalía estatal, que acusó a la compañía —propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp— de priorizar sus ganancias por encima de la seguridad de los usuarios más jóvenes. Según la decisión, Meta ocultó información sobre los peligros que enfrentan los menores en sus plataformas.

Además, el jurado concluyó que la empresa realizó declaraciones engañosas y adoptó prácticas comerciales “injustas”, aprovechándose de la vulnerabilidad y falta de experiencia de los niños. En total, se identificaron miles de infracciones, lo que derivó en una sanción de 375 millones de dólares.

Meta rechazó el veredicto y anunció que apelará la decisión. En un comunicado, la compañía aseguró que trabaja activamente para eliminar contenido dañino y proteger a los usuarios, aunque reconoce que algunos materiales logran evadir sus sistemas de seguridad.

Este caso es uno de los primeros en llegar a juicio dentro de una ola de demandas contra plataformas digitales por su impacto en menores. En paralelo, tribunales federales analizan procesos similares que podrían definir el futuro de miles de litigios en todo el país.

Durante uno de estos juicios en California, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, admitió que, aunque los menores de 13 años no pueden usar Instagram, es difícil aplicar esta restricción debido a que muchos usuarios falsean su edad.

Más de 40 fiscales estatales han presentado demandas contra la empresa, argumentando que sus plataformas contribuyen a una crisis de salud mental entre jóvenes al incorporar funciones diseñadas para generar adicción. Aunque Meta no reconoce formalmente la existencia de “adicción”, sí ha admitido el uso problemático de sus aplicaciones.

Por su parte, la fiscalía sostiene que los algoritmos de la compañía amplifican contenidos perjudiciales para maximizar el tiempo de uso, lo que tiene consecuencias negativas para los menores.

Una segunda fase del juicio, prevista para los próximos meses, podría determinar si Meta constituye una “molestia pública” y obligarla a implementar cambios en sus plataformas, además de asumir costos por posibles daños.