Redacción ECH

El presidente Donald Trump emitió dos nuevas órdenes  ejecutivas para hacer cumplir las leyes federales de inmigración y penales en las llamadas jurisdicciones santuario, además de tomar diversas medidas contra quienes obstruyan su aplicación, incluyendo la eliminación de la  financiación federal.

La primera, “Protegiendo a las Comunidades Estadounidenses de Extranjeros Delincuentes”, ordena a los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional publicar una lista de jurisdicciones estatales y locales que desafían y obstruyen la aplicación de la ley federal de inmigración. 

Calificó la postura de esas jurisdicciones como “una insurrección ilegal contra la supremacía de la ley federal y la obligación del gobierno federal de defender la soberanía territorial de Estados Unidos”.  

Instruyó a las dos agencias que notifiquen sobre una presunta violación de la ley federal de inmigración y penal, e identifiquen, suspendan y cancelen todos los fondos federales previamente asignados a esas jurisdicciones santuario.

La orden indica que “ocultar, albergar o proteger a extranjeros también podría violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado”, y que la implementación de políticas que favorezcan a indocumentados en detrimento de los ciudadanos estadounidenses puede ser discriminatoria y violar los derechos civiles.

La medida tiene el propósito de evitar que los extranjeros indocumentados que viven en jurisdicciones santuario obtengan todos los beneficios federales, incluso a través de entidades privadas y por instituciones de educación superior que les ofrecen beneficios estatales.

“La administración anterior permitió sin control la entrada ilegal de millones de extranjeros a Estados Unidos”, declara la orden, “creando una crisis de seguridad pública y nacional, exacerbada por organizaciones criminales transnacionales, terroristas y otros grupos que buscan perjudicar a los estadounidenses”.

Además de crear “riesgos intolerables para la seguridad nacional”, las jurisdicciones santuario “a menudo violan las leyes penales federales, incluyendo las que prohíben la obstrucción de la justicia, la acogida o contratación ilegal de extranjeros indocumentados.

Una segunda orden emitida por Trump, “Fortalecimiento y Liberación de las Fuerzas del Orden de Estados Unidos para Procesar a Criminales y Proteger a Ciudadanos Inocentes”, instruye al fiscal general a solicitar un mecanismo para brindar recursos legales y compensación a la policía local que carece de jurisdicción santuario para aplicar la ley.

“Las comunidades seguras dependen de la fuerza y ​​el heroísmo de una fuerza policial sólida y bien equipada”, que la administración Trump se ha comprometido a entrenar “para controlar conductas delictivas peligrosas y proteger a las ciudades inocentes”, declara la orden.

Trump ordena a las agencias federales desarrollar las mejores prácticas a nivel estatal y local “para que las ciudades puedan impulsar fuerzas locales de alto impacto; proteger y defender a los agentes de policía acusados ​​injustamente y abusados ​​por las autoridades; y aumentar recursos para las políticas necesarias”.

Trump afirma que su administración “trabajará para garantizar que los agentes del orden público se centren en combatir la delincuencia y no adopten políticas de equidad perjudiciales e ilegales basadas en la raza y el sexo”, en referencia a políticas DEI, también implementadas en jurisdicciones santuario.

El resultado de esta política, afirma Trump, creará “una sociedad respetuosa de la ley, en la que una policía tenaz proteja a los inocentes, no se toleren las violaciones de la ley y las comunidades estadounidenses vuelvan a disfrutar de la seguridad en todas sus ciudades”.

El gobierno está recaudando recursos para ayudar a los policías “que incurren injustamente en sanciones y responsabilidades por las acciones tomadas durante el desempeño de sus funciones oficiales de aplicación de la ley”, incluyendo asistencia pro bono del sector privado, según el gobierno.

También ordena al Fiscal General y a los jefes de otras agencias maximizar los recursos federados para mejorar la calidad de la capacitación disponible para las autoridades policiales estatales y locales; aumentar la compensación y beneficios policiales;  así como fortalecer y ampliar protecciones legales para la policía.