Investigación revela que gastan muchos recursos en salarios, tienen personal excesivo y los resultados no son los esperados.
El Chicago Hispano
Los programas universitarios de diversidad, equidad e inclusión (DEI) son ineficaces, tienen exceso de personal, y representan un alto costo para los contribuyentes, asegura un estudio de The Heritage Foundation.
Aún cuando la promoción de la diversidad, la equidad y la inclusión en los campus universitarios se ha convertido en “un importante enfoque” en la academia, el análisis descubrió que solo es generadora de una gran burocracia ajena a la satisfacción de los estudiantes con su universidad.
Los datos de la investigación muestran que la mayoría de los programas están inflados. En promedio una universidad tiene 45.1 personas encargadas de promover la diversidad, la equidad y la inclusión, algunas tienen muchas más, con pobres resultados.
Tan solo en la Universidad de Illinois hay 71 personas para el programa DEI, que son cuatro de cada 100 miembros de la facultad, mientras que en la Universidad de Northwestern hay 52 profesores dedicados a este programa, precisa el reporte del estudio publicado en el medio periodístico The Center Square.
Según el análisis, muchos empleados de estos programas ganan salarios de seis cifras por liderar iniciativas que el estudio encontró ineficaces, al tiempo que imponen una “ortodoxia política” para el tratamiento del tema.
Como ejemplo menciona a Sean Garrick, vicerrector de diversidad, equidad e inclusión de la Universidad de Illinois, quien gana casi 330,000 dólares al año, sin que eso se traduzca en un beneficio para el campus.
Los autores del informe señalan que gran parte de la programación que ofrece el personal de DEI en las universidades tiende a carecer de diversidad de puntos de vista y puede tener el efecto de dividir en lugar de incluir.
Recomiendan la intervención de los legisladores para reducir y reestructurar el personal de estos programas, a fin de lograr objetivos legítimos a costos sustancialmente más bajos, ya que el acceso de la universidad al presupuesto público depende del uso sensato de esos recursos.
