Redacción ECH

Illinois se unió a una coalición de estados demócratas que ha presentado una demanda contra el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para frenar cambios en las reglas de elegibilidad del programa de cupones de alimentos (SNAP) que afectarían a inmigrantes con estatus legal.

El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, junto a sus homólogos de otros 20 estados y Washington D.C., presentó la demanda en un tribunal federal de Oregón. El objetivo es bloquear una nueva guía emitida por el USDA bajo la Administración de Donald Trump, la cual —según los estados— excluye de manera ilegal a ciertos inmigrantes del acceso a la ayuda alimentaria.

Qué cambia con la nueva guía del USDA

De acuerdo con la demanda, el USDA emitió una orientación administrativa que restringe la elegibilidad de algunos inmigrantes legales al programa SNAP. Entre los afectados se encuentran personas que llegaron al país como refugiados o solicitantes de asilo y que, incluso después de obtener la residencia permanente, quedarían fuera del programa de ayuda alimentaria.

Los fiscales generales argumentan que esta interpretación contradice la ley federal vigente y modifica de forma arbitraria quién tiene derecho a recibir el beneficio, sin pasar por el proceso formal de cambio de regulación ni seguir los plazos habituales de implementación.

Además, señalan que el USDA no otorgó el período de gracia de 120 días que normalmente se concede a los estados para adaptar sus sistemas y procedimientos a nuevas reglas. Esto, sostienen, obliga a las administraciones estatales a implementar cambios apresurados y costosos en la forma en que distribuyen los beneficios.

Un golpe al programa contra el hambre

Raoul subrayó la importancia del SNAP, conocido popularmente como “food stamps”, tanto para las familias como para la economía local.

Según el fiscal general, se trata del programa contra el hambre más importante del país, que permite a millones de hogares acceder a alimentos básicos y, al mismo tiempo, sostiene a pequeños comercios y supermercados que dependen del consumo de estos beneficiarios.

“El nuevo criterio de elegibilidad del USDA viola la ley y perjudica la capacidad del estado para brindar servicios vitales a residentes en situación de necesidad”, señaló Raoul en un comunicado, al denunciar que la medida dejaría sin apoyo a inmigrantes legales que cumplen con todos los requisitos establecidos. El USDA y el Departamento de Justicia declinaron hacer comentarios sobre la demanda.

Impacto económico y humano en Illinois

Illinois recibe alrededor de 350 millones de dólares mensuales del gobierno federal para financiar el programa SNAP. Casi 2 millones de personas en el estado dependen de esta ayuda para poder alimentar a sus familias.

Los estados demandantes advierten que la nueva guía no solo vulnera los derechos de inmigrantes legalmente admitidos, sino que también traslada el costo social y económico a los gobiernos estatales y locales, que deberán afrontar el aumento de la inseguridad alimentaria y la presión sobre otras redes de ayuda.

La demanda se suma a otros choques recientes entre varios estados y la administración de Trump por la gestión de programas sociales. No es la primera vez que Illinois acude a los tribunales en esta materia: previamente se unió a una coalición de estados para exigir al gobierno federal que liberara la totalidad de los beneficios de SNAP tras una prolongada parálisis del gobierno que retrasó los pagos de noviembre por varias semanas.

Un conflicto que va más allá de la burocracia

Con esta acción legal, Illinois y los demás estados demócratas no solo buscan frenar una medida puntual, sino también marcar límites a los intentos del Gobierno federal de restringir el acceso a programas de ayuda en función del estatus migratorio, incluso cuando se trata de personas reconocidas como refugiados, asilados o residentes permanentes.

La disputa jurídica definirá si el USDA puede, mediante simples cambios de interpretación, reducir el alcance de un programa clave para la seguridad alimentaria de millones de personas, o si debe respetar los criterios establecidos por el Congreso y las salvaguardas de implementación que protegen tanto a los beneficiarios como a los estados.