Redacción El Chicago Hispano
El gobierno de Illinois valora abrir la ayuda financiera estatal a los estudiantes en prisión, a partir de investigaciones que muestran a la educación superior como una de las formas de mayor eficacia para evitar que las personas encarcelas vuelvan a delinquir.
Con este propósito se promueve un proyecto de ley en la Asamblea General, que de aprobarse podría ampliar el acceso a la educación superior de estudiantes encarcelados, restableciendo la ayuda financiera estatal para que más universidades lleven sus clases a las prisiones, según WBEZ.
El proyecto, presentado por segunda ocasión, podría dar a más personas en prisión acceso a clases universitarias. Actualmente, sólo siete de las 26 prisiones del estado ofrecen algún programa de educación superior, y una fracción de reclusos puede participar en las instalaciones que tienen cursos disponibles.
El reporte del medio informativo destaca que sólo 615 de los 29,470 reclusos de Illinois están inscritos en clases universitarias, según el Proyecto de Justicia Educativa con sede en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign.
Illinois contaba con alguna forma de educación superior en cada prisión, explica el informe de WBEZ. Pero en 1987, los legisladores locales aprobaron una ley que prohibía a los estudiantes encarcelados recibir ayuda financiera estatal para la universidad.
Esa prohibición incluía la cancelación de una beca para estudiantes de bajos ingresos, después el Congreso eliminó la ayuda financiera federal. Desde entonces, las universidades dependen de fondos privados para operar programas en las prisiones, lo que es una tarea costosa y de poco alcance.
“El dinero es lo más importante cuando intentamos convencer a los administradores universitarios de la idea de llevar profesores a la prisión”, aseguró a WBEZ Jessica Neptune, representante de la Iniciativa de Prisiones de Bard, que ayudó a aprobar una legislación similar en Nueva York.
El grupo de Neptune estima que otorgar subvenciones a estudiantes encarcelados costaría solo 0.01% del presupuesto del programa y ahorraría mucho más a los contribuyentes de Illinois si el acceso ampliado a la educación superior evita que las personas vuelvan a ser encarceladas.
“Esto es en realidad una inversión en seguridad pública”, dijo Neptune. En tanto, Delrice Adams, directora de Autoridad de Información de Justicia Penal de Illinois, estimó que ampliar el apoyo significa darles una esperanza a los jóvenes en prisión, “lo que podría cambiar las trayectorias de sus familias”.
Los defensores del proyecto temen que la administración Trump recorte la financiación federal para los estudiantes encarcelados, que fue restablecida recientemente. No obstante, confían en que los fondos del estado y privados compensen esa posible pérdida, por lo que promueven la ley para su aprobación en este periodo.
