Redacción ECH

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) está impulsando lo que podría convertirse en la mayor expansión de su sistema de detención migratoria en la historia reciente del país. La agencia prevé destinar 38.300 millones de dólares para aumentar su infraestructura y elevar su capacidad total hasta 92.600 camas de detención de cara a 2026.

El plan contempla la adquisición y renovación de ocho centros de detención de gran escala, así como la creación de 16 nuevos sitios regionales de procesamiento. Además, ICE planea comprar 10 instalaciones donde actualmente opera bajo contratos existentes. La estrategia responde a un incremento sostenido en el número de arrestos migratorios y busca agilizar los procesos de custodia y deportación de personas que se encuentran en el país sin estatus legal.

De acuerdo con documentos oficiales divulgados por autoridades estatales, la agencia pretende centralizar operaciones para hacer más eficiente la gestión de detenidos y reducir la dependencia de instalaciones privadas o contratos temporales. Parte de la financiación provendría de asignaciones federales recientes orientadas al fortalecimiento de la seguridad fronteriza y el cumplimiento de las leyes migratorias.

Los nuevos centros de procesamiento estarían diseñados para alojar entre 1.000 y 1.500 personas por períodos cortos de tres a siete días, mientras que las instalaciones de mayor tamaño podrían albergar entre 7.000 y 10.000 detenidos durante estadías de hasta 60 días antes de su traslado o deportación. El objetivo declarado es optimizar los tiempos de revisión de casos y ejecución de órdenes de expulsión.

La expansión se produce en un contexto de fuerte presión sobre la capacidad actual del sistema. En el último año, el número promedio de personas bajo custodia de ICE ha aumentado de manera considerable, superando ampliamente los niveles registrados en años anteriores. Este crecimiento ha sido citado por la agencia como justificación para ampliar su infraestructura.

No obstante, el proyecto ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos y algunos gobiernos locales. Los críticos advierten que la creación de centros de gran escala podría profundizar un modelo de detención masiva y plantear riesgos en materia de condiciones de custodia, acceso a representación legal y supervisión independiente.

Asimismo, la conversión de grandes instalaciones industriales o comerciales en centros de detención ha despertado preocupación en comunidades donde podrían ubicarse estos complejos, debido al posible impacto social, económico y político.