Redacción ECH
El presidente Donald Trump ha presentado una demanda federal contra la ciudad de Nueva York por sus políticas de ciudad santuario, acusando a las autoridades locales de obstaculizar la aplicación de las leyes migratorias federales. La acción legal, interpuesta por el Departamento de Justicia ante un tribunal federal en Brooklyn, señala directamente al alcalde Eric Adams como uno de los principales responsables de lo que considera una violación a la Constitución.
El documento de 37 páginas argumenta que las leyes neoyorquinas han creado un entorno legal que dificulta la labor de agencias como ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), especialmente en el arresto y deportación de inmigrantes en situación irregular. Según la demanda, estas políticas violan la cláusula de supremacía constitucional al interferir con la autoridad exclusiva del Gobierno federal en asuntos migratorios.
La demanda sostiene que Nueva York lleva décadas protegiendo a inmigrantes indocumentados y que su actitud se ha vuelto aún más firme desde la promulgación, en 2014, de leyes municipales que limitan la cooperación entre las autoridades locales y las federales. Una de las medidas más criticadas fue la expulsión de ICE del complejo penitenciario de Rikers Island y la restricción de las comunicaciones entre esa agencia y el Departamento de Prisiones.
A pesar de que el actual alcalde Adams ha mostrado señales de colaboración con el Gobierno federal —incluyendo su promesa de permitir el regreso de agentes de ICE a Rikers y su participación en iniciativas de deportación masiva— la demanda lo incluye junto a los responsables del sistema penitenciario y de la policía de la ciudad. La Casa Blanca alega que esos gestos no han sido suficientes y que las políticas locales siguen poniendo en riesgo la seguridad nacional.
El texto legal cita como ejemplo un tiroteo reciente en Manhattan, donde un agente de ICE fuera de servicio fue atacado por dos inmigrantes indocumentados durante un intento de robo. Uno de los agresores tenía una orden de detención activa desde hacía más de un año, pero, según el Departamento de Justicia, fue liberado por las autoridades locales al ignorar dicha orden.
La acusación sostiene que este tipo de incidentes se podrían evitar si ciudades como Nueva York dejaran de ofrecer refugio a personas con antecedentes delictivos o pendientes legales. En ese contexto, la Administración Trump ha intensificado su narrativa de “tolerancia cero” hacia la inmigración irregular, incluyendo la declaración de una emergencia nacional en la frontera sur y un ambicioso plan de deportaciones masivas.
El trasfondo político del caso añade complejidad. Eric Adams, anteriormente demócrata y ahora candidato independiente a la reelección, se ha acercado al círculo de Trump desde que este regresó al poder tras derrotar a Kamala Harris en las elecciones de noviembre. Adams incluso asistió a la toma de posesión del presidente y visitó su residencia en Mar-a-Lago. Su giro político fue interpretado como un intento de obtener el favor del nuevo gobierno, en medio de un proceso judicial por corrupción que finalmente fue desestimado tras la renuncia de varios fiscales.
Sin embargo, esa estrategia parece no haber sido suficiente. Ahora Adams enfrenta una demanda federal de la misma Administración que en su momento lo exoneró, en un caso que mezcla inmigración, poder político y justicia penal. El desenlace del proceso judicial podría tener un impacto importante tanto en la política migratoria nacional como en la carrera del alcalde en las urnas.
