Familias migrantes evitan por miedo ayuda social

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Durante el tiempo más difícil de la pandemia de COVID-19 en el 2020, las familias inmigrantes de bajos ingresos se vieron profundamente afectadas en su economía pero continuaron evitando los programas de beneficios públicos por miedo, indica un análisis del Urban Institute.
La encuesta realizada por la institución en diciembre de 2020 encontró que los adultos de las familias inmigrantes de bajos ingresos habían sufrido graves impactos en el empleo debido a la crisis sanitaria, experimentando altas tasas de inseguridad alimentaria en el último año.
Aproximadamente uno de cada 4 adultos de familias inmigrantes de bajos ingresos dijo que evitaron participar en programas clave de la red de seguridad federal y de los esfuerzos de ayuda de emergencia de COVID-19 debido a preocupaciones de inmigración, según los datos del UI.
Los adultos estaban preocupados por satisfacer las necesidades básicas de sus hogares en el próximo mes. El 51.8% dijo que su ingreso o el de algún familiar se había perdido o dañado; el 41.4% de casos padecía inseguridad alimentaria; y en el 43.2% había preocupación por no tener lo suficiente para comer.
El 50.8% no podía pagar el alquiler o hipoteca; el 49.1% las facturas de servicios públicos; y el 52.1% los costos de salud. De estos últimos, 26.8% tenía problemas para pagar las facturas médicas familiares, y el 25.7% de hogares algún familiar no recibió la atención médica necesaria debido a los costos.
Los adultos de familias de inmigrantes de bajos ingresos con titulares de tarjetas verdes y/o con residentes no permanentes tenían mayor probabilidad que los de hogares con ciudadanos naturalizados de preocuparse por satisfacer muchas de las necesidades básicas en el próximo mes.
Pero a pesar de enfrentar dificultades, el 27.5% evitó cualquier tipo de ayuda pública con las necesidades básicas debido a la amenaza para los poseedores de la tarjeta verde y otras preocupaciones de inmigración, precisa el estudio del instituto.
El miedo por la regla de carga pública ampliada, como SNAP, los mantuvo lejos de recurrir a esa ayuda, pero tambien se alejaron de programas ajenos a la sanción, como el seguro de desempleo, atención médica gratuita o de bajo costo para personas sin seguro, y apoyo de emergencia para el alquiler.
La Encuesta de Bienestar y Necesidades Básicas del Urban Institute mostró que los adultos de familias con residentes no permanentes eran más propensos, el 43.9%, a evitar efectos indeseables en cada tipo de asistencia: el 22% en programas de nutrición, 18.2% de salud y 17% de asistencia para la vivienda.

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