Redacción ECH
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes denunciaron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) llevó a cabo arrestos ilegales y violó los derechos de 21 inmigrantes y un ciudadano estadounidense en redadas realizadas en Chicago y otros estados del Medio Oeste durante los primeros días de la segunda Administración de Donald Trump.
El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Illinois presentaron una moción ante un tribunal federal en Chicago solicitando la liberación de dos personas y exigiendo medidas para evitar futuras detenciones ilegales por parte de ICE.
Arrestos sin órdenes judiciales y uso de la fuerza
Según el documento judicial, Abel Orozco, un padre de familia de 47 años residente en Lyons, Illinois, sin antecedentes penales, y Julio Corona, de Liberty, Missouri, siguen bajo custodia.
Mark Fleming, director asociado del Proyecto de Litigios Federales del NIJC, afirmó que la mayoría de los detenidos fueron arrestados por la mañana, cuando salían a trabajar.
Los abogados de los demandantes sostienen que los agentes de ICE realizaron arrestos sin órdenes judiciales, usando tácticas de intimidación y violencia en varias ciudades del Medio Oeste. Uno de los casos más alarmantes fue el de Julio Noriega, un ciudadano estadounidense que fue detenido por más de 10 horas en enero y luego liberado sin que su arresto quedara documentado.
Violaciones a un acuerdo judicial de 2022
Las redadas, según la moción presentada, incumplen un acuerdo judicial alcanzado en 2022 que restringía los métodos agresivos de ICE en Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Missouri y Wisconsin.
Los abogados también denunciaron un caso en Liberty, Missouri, donde 12 personas fueron arrestadas en un restaurante sin la documentación adecuada. ICE, por su parte, se negó a comentar sobre el litigio en curso.
Exigencias legales y presión sobre la Administración Trump
El acuerdo de 2022 establece que ICE no puede arrestar a alguien sin orden judicial, a menos que tenga pruebas de que la persona está en el país sin autorización y de que intentará huir antes de obtener la orden.
Además, para detener un vehículo, los agentes deben tener una sospecha razonable de que una persona a bordo está en el país sin documentos y no pueden actuar como si estuvieran haciendo cumplir normas de tráfico.
Según la ACLU, si un arresto viola el acuerdo, la persona debe ser liberada sin pagar fianza y sin condiciones. Grupos de defensa de inmigrantes han expresado su indignación por lo que consideran un abuso de poder de ICE y una violación de derechos constitucionales.
