Redacción ECH

Pese a las drásticas transformaciones del sistema inmigratorio realizadas en los primeros cien días de su segundo mandato presidencial, Donald Trump no logra cumplir su objetivo de deportaciones masivas prometido y mantiene cifras menores a las registradas por el Gobierno de Joe Biden.

Un análisis del Instituto de Políticas Migratorias (MPI) pronostica que este año la Administración Trump cerrará con medio millón de personas deportadas, cantidad menor a las 685 mil deportaciones registradas en el año fiscal 2024 de la presidencia de Biden.

En total, el Gobierno federal ha implementado 181 órdenes ejecutivas específicas para inmigración, hasta el 29 de abril, que superan las 94 medidas de los primeros 100 días del gobierno de Biden y son seis veces más respecto a las menos de 30 acciones del mismo período del primer mandato de Trump, expone.

Sin embargo, pese a las medidas y a que el número de arrestos de inmigrantes aumentó de manera significativa en los primeros tres meses, “el ritmo actual de deportaciones sugiere que la administración estará muy por debajo de su objetivo declarado de un millón de deportaciones anuales”, dice el MPI.

Una mayor vigilancia fronteriza y las deportaciones masivas fueron dos de las principales promesas de Donald Trump durante su campaña para recuperar la Casa Blanca, por lo que en sus primeros 100 días su administración se apresuró a cumplirlas emitiendo una oleada de órdenes ejecutivas.

En su afán por aumentar las deportaciones, la administración Trump reorganizó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), movilizó nuevos recursos para la aplicación de la ley migratoria y recurrió a todo tipo de medidas desde la cancelación de visas y beneficios hasta la autodeportación.

También recurrió a las fuerzas armadas, agencias y bases de datos federales, y a fuerzas del orden estatales y locales, “además de invocar leyes arcaicas que antes solo se usaban en tiempos de guerra para lograr los cambios más radicales en la política de control migratorio en la historia de Estados Unidos”.

Los resultados demuestran que el Gobierno enfrenta importantes obstáculos para las deportaciones a la escala prometida, no obstante, estas acciones han generado miedo e incertidumbre entre los inmigrantes, tanto legales como no legales, sus familias y comunidades, advierte.

Otras consecuencias de dichas medidas son la disminución de  viajes internacionales a Estados Unidos, debido a la difusión internacional de arrestos y detenciones de varios visitantes de Canadá y Europa. Mientras que los barrios de mayor población inmigrante disminuyeron el tráfico peatonal y el comercio.

El Gobierno enfrenta al menos 50 impugnaciones legales de múltiples demandantes contra sus políticas migratorias. Y si bien los jueces han reafirmado la autoridad del poder ejecutivo en materia de inmigración, también lo han hecho con el derecho de los inmigrantes al debido proceso y a la revisión judicial.

El análisis advierte que arrestar y expulsar a inmigrantes no autorizados de las comunidades estadounidenses, una promesa clave de la administración Trump, es mucho más difícil y requiere más recursos que las devoluciones rápidas de personas que cruzan la frontera, como sucedió en el periodo de Biden.

“Al realizar las expulsiones desde el interior, la administración Trump se enfrenta a los mismos desafíos que sus predecesores: capacidad de detención limitada, recursos insuficientes y la defensa de los derechos legales de los inmigrantes”, precisa.

El MPI afirma que el gobierno de Trump continuará intensificando las deportaciones con todas las herramientas y recursos disponibles, mientras explora nuevas estrategias para rescindir protecciones y agilizar las expulsiones con un debido proceso mínimo.

“Si bien su objetivo de un millón de deportaciones al año puede ser difícil de alcanzar, el impacto de la administración en todo el sistema migratorio probablemente será histórico”, advierte.