Ahora que un juez federal puso fin de un plumazo al programa DACA, recuerdo una entrevista que hice hace algunos años a un joven indocumentado respecto a su azaroso cruce hacia Estados Unidos por la frontera sur.
Durante la entrevista, el joven luchaba infructuosamente para revivir en su memoria detalles de la travesía que hizo a los 5 años con su padre, hasta que recordó algo de lo cual no tenía ninguna duda: “Sentía mucho, mucho miedo”, dijo.
Más de dos décadas después, el miedo a la deportación sigue incrustado en el cuerpo de más de 600,000 jóvenes cuyo único “delito” ha sido llegar a este país de la mano de sus progenitores en busca de una vida mejor para ellos y su familia.
Si bien el fallo de un juez no afecta de inmediato a quienes ya tienen este estatus, la incertidumbre y la ansiedad reaparecen con fuerza en este grupo que una y otra vez ha visto obstruido el camino a una merecida ciudadanía.
Para invalidar el programa DACA, establecido por el presidente Barack Obama en 2012, el juez se basó en un resquicio jurídico el cual establece que es el Congreso y no la presidencia el órgano con potestad para legislar al respecto.
Pero lo que no recoge ninguna ley hasta ahora es que esos jóvenes no tienen la culpa de estar en este país, que han sido educados en escuelas estadounidenses y han vivido mucho más tiempo aquí que en sus países de origen.
La ley que revisó el juez Andrew Hanen tampoco señala que estos jóvenes no le hacen ningún daño al país al que aportan millones de dólares en impuestos, que son estudiantes, universitarios, maestros, ingenieros y hasta médicos neurocirujanos sin derecho a ejercer su profesión por su estatus migratorio.
El análisis de Hanen tampoco contempló que muchos de estos jóvenes formaron el plausible ejército de los “trabajadores imprescindibles” que mantuvo al país funcionando durante la brutal pandemia y que hoy están en la primera fila en la lucha contra el Covid-19.
No hay dudas de que Obama tuvo en cuenta la calidad humana de estos jóvenes a la hora de firmar el DREAM Act en 2012 que al menos permite a estos jóvenes estudiar, trabajar o conducir un vehículo sin temor a ser deportados.
Si como dice el Juez, el Congreso es el único que debe legislar al respecto, los demócratas deben tomar acción de inmediato. Es hoy que tienen mayoría en la Cámara Baja, y pudieran obtener una votación mayoritaria en el Senado con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris y el favor de algunos republicanos que apoyan una reforma migratoria. Es ahora el momento, porque nadie puede vaticinar cuáles serán los resultados de las elecciones legislativas de 2022.
