La oficina de la inspectora general, Deborah Witzburg, revisó más de 350,000 préstamos federales de ayuda por COVID-19 aprobados en el área de Chicago, y encontró que más de 1,000  se otorgaron irregularmente a empleados de la ciudad.

“Es posible que algunos de esos préstamos se hayan obtenido legítimamente, pero un número sustancial de ellos tienen indicadores de posible fraude», afirmó la funcionaria en un informe.

El órgano de control anunció que se iniciaron procedimientos  disciplinarios contra un trabajador del Departamento de Calles y Saneamiento, quien al parecer participó en un fraude al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y al Programa de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL).

En este primer caso que se le da seguimiento, el empleado supuestamente falsificó registros fiscales y declaró ingresos comerciales falsos para una peluquería. La investigación que llevó a los primeros indicios de fraude por empleados de la ciudad ha durado mas de un año, precisa el informe.

De acuerdo con reportes de prensa, un organismo de control del gobierno federal estimó que el 17% de los $1,2 billones de dólares repartidos en los programas de ayuda por pandemia se obtuvieron de forma fraudulenta.

El reporte de la oficina de la inspectora general de Chicago indica que los programas tenían agujeros, los cuales permitían el fraude. Los préstamos del PPP, por ejemplo, no eran reembolsables lo que facilitaba que los solicitantes obtuvieran el monto máximo de $20,000, y algunos hasta dos préstamos.

En tanto, los solicitantes de préstamos del EIDL podían obtener subvenciones de emergencia por desastres, debido a daños económicos, de hasta $10.000 dólares, y no era necesario reembolsarlos.

Por omisiones y falta de controles ambos programas eran mayormente vulnerables y presa fácil de estafadores. Witzburg advirtió que el informe público presentado es el primero de “un esfuerzo continuo a gran escala”.