Redacción ECH

Estados Unidos ha alcanzado un nuevo acuerdo con la República Democrática del Congo para enviar a ese país a inmigrantes deportados como parte de su programa de “terceros países”, una política que continúa generando controversia en materia migratoria y de derechos humanos.

El gobierno congoleño confirmó que comenzará a recibir a algunos de estos migrantes a partir de este mes, aunque no precisó fechas ni el número de personas que serán trasladadas.

En un comunicado oficial, las autoridades describieron el acuerdo como una medida “temporal” que refleja su “compromiso con la dignidad humana y la solidaridad internacional”. También señalaron que la operación no implicará costos para el país africano, ya que Estados Unidos asumirá los gastos logísticos.

Este pacto se suma a otros similares firmados por Washington con al menos siete países africanos, dentro de una estrategia que busca deportar a migrantes a naciones distintas de las suyas de origen. Según un informe reciente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Estados Unidos ha destinado más de 40 millones de dólares para trasladar a unos 300 migrantes bajo este esquema.

Sin embargo, la política ha despertado críticas por parte de abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos, que cuestionan tanto la transparencia de los acuerdos como las condiciones en los países receptores. Algunos de ellos han sido señalados por tener gobiernos autoritarios o historiales deficientes en materia de derechos humanos.

Uno de los puntos más polémicos es que varios de los migrantes incluidos en estos programas cuentan con órdenes de protección emitidas por jueces de inmigración en Estados Unidos, lo que en teoría les impide ser devueltos a sus países de origen por razones de seguridad.

Ante estas preocupaciones, el gobierno del Congo aseguró que no habrá traslados automáticos y que cada caso será evaluado de forma individual, conforme a la legislación nacional y a los requisitos de seguridad del país.

La medida forma parte de un enfoque más amplio de control migratorio que busca aliviar la presión sobre el sistema estadounidense, pero que continúa abriendo un intenso debate sobre sus implicaciones legales y humanitarias.