Redacción ECH
La Administración del presidente Donald Trump enfrenta una nueva demanda que exige la divulgación completa de las grabaciones realizadas durante una gran redada en un complejo de departamentos en Chicago el pasado septiembre.
Las imágenes, captadas por un equipo oficial del Gobierno, fueron luego editadas en videos de estilo cinematográfico que, según especialistas, funcionaron como piezas de propaganda destinadas a obtener apoyo público para las operaciones de deportación.
La organización legal Democracy Forward, con sede en Washington D.C. y conocida por impugnar acciones del Gobierno federal y de administraciones conservadoras en la última década, solicitó formalmente el acceso a todas las grabaciones originales tomadas en el vecindario de South Shore.
Al no recibir respuesta, la entidad presentó una demanda de siete páginas ante un tribunal federal en la capital estadounidense. La querella busca obligar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a localizar y entregar cualquier material audiovisual relacionado con el operativo.
“La Administración no puede pasar por alto la Constitución con tal de generar impacto en redes sociales. La ciudadanía merece conocer todo lo que ocurrió durante este acto de relaciones públicas que consideramos ilegal”, afirmó Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, en un comunicado.
La organización sostiene que las agencias no tienen derecho a retener material grabado durante un operativo oficial ni a ocultar documentos vinculados a su planificación.
Un portavoz del DHS respondió por correo electrónico que la agencia no comenta sobre “litigios abiertos vinculados a la Ley de Libertad de Información (FOIA)”.
Las imágenes de la redada —ejecutada con tácticas y despliegues similares a operaciones militares— fueron un elemento central en la estrategia de comunicación de las agencias de inmigración para justificar las acciones realizadas en Chicago y municipios aledaños.
Expertos en seguridad cuestionan este tipo de escenografías, argumentando que no había necesidad operativa de emplear tales métodos y que solo buscaban amplificar la percepción de peligro y mostrar una demostración de fuerza ante audiencias externas poco familiarizadas con la comunidad afectada.
Según registros captados por las cámaras de seguridad de una escuela primaria cercana —obtenidos por el Sun-Times mediante una solicitud pública— al menos nueve personas conformaban el equipo que documentó el operativo en South Shore. Vestían ropa de civil y algunos llevaban chalecos de la Oficina de Asuntos Públicos del DHS en colores llamativos.
Gil Kerlikowske, excomisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, criticó el uso de estos recursos y afirmó que el DHS está gastando rápidamente el presupuesto extra otorgado por el Congreso este año. Para él, la puesta en escena durante la redada respondió más a fines visuales que a necesidades reales de seguridad.
