WASHINGTON, D.C. — Como alcaldes de las ciudades más grandes del país y motores económicos de Estados Unidos, asumimos la responsabilidad directa de la seguridad pública en las comunidades más diversas de la nación. Sabemos qué mantiene seguras a nuestras comunidades. La seguridad pública depende de la confianza entre los residentes y las fuerzas del orden. Cuando agentes federales operan en nuestras calles sin identificación, sin órdenes judiciales y sin rendición de cuentas, esa confianza se destruye. El resultado no es seguridad, sino desorden, miedo y la erosión de la autoridad local para gobernar y proteger a sus residentes.

Nos mantenemos unidos junto a los líderes demócratas Hakeem Jeffries y Chuck Schumer para exigir una reforma inmediata y el fin de las operaciones descontroladas e irresponsables del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las ciudades estadounidenses. Coincidimos en que, mientras la agencia exista, cualquier nuevo financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe estar condicionado al marco integral de 10 puntos presentado la semana pasada.

En Minneapolis, el mundo fue testigo del costo extremo del poder federal sin supervisión. Las trágicas muertes de Renee Good, madre de tres hijos, y Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos que asistía a otro residente afectado por acciones de las fuerzas federales —ambos ciudadanos estadounidenses— no son hechos aislados. Son la consecuencia previsible y devastadora de permitir que una agencia federal opere como una fuerza paramilitar violenta en ciudades estadounidenses, protegida por inmunidad y alentada por la impunidad. Es momento de que el Congreso ejerza su autoridad y exija responsabilidades al DHS.

A medida que el Congreso se acerca a la fecha límite de financiamiento del 13 de febrero, emitimos una advertencia solemne: lo que ocurrió y continúa ocurriendo en Minneapolis y en nuestras ciudades forma parte de un patrón alarmante e intencional de tácticas violentas empleadas por fuerzas federales contra residentes —independientemente de su estatus migratorio— que siembran miedo en las comunidades, socavan nuestras protecciones constitucionales y erosionan los valores democráticos que juramos defender. Estos hechos no ocurren únicamente en Minneapolis. Además:

En Portland, hemos presenciado el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes federales contra manifestantes pacíficos, incluidos niños y adultos mayores que ejercían sus derechos protegidos por la Primera Enmienda. También hemos visto detenciones arbitrarias de miembros de la comunidad sin identificación ni explicación, dejando a sus familias sin saber dónde se encuentran sus seres queridos.

En Chicago, se ha documentado la presencia de agentes enmascarados y con equipo táctico patrullando vecindarios, negándose a identificarse ante autoridades locales o funcionarios electos. Hemos recibido informes creíbles de violaciones a los derechos protegidos por la Cuarta Enmienda.

En Los Ángeles, las redadas migratorias han continuado desde junio, cuando la ciudad se convirtió en caso de prueba de una campaña agresiva, ilegal e inhumana. Agentes federales han perseguido personas en tiendas Home Depot y lavaderos de autos, se han presentado en escuelas y salas de emergencia, y han sembrado temor en toda la ciudad. Existen reportes de residentes —incluidos ciudadanos estadounidenses— sometidos con dispositivos eléctricos, arrastrados y detenidos ilegalmente. Incluso se empujó y esposó a un senador en funciones, y fue detenido el líder sindical David Huerta.

En Denver, la activista migratoria Jeanette Vizguerra fue detenida por autoridades federales al salir de su descanso para almorzar. Aunque su deportación fue suspendida, permaneció bajo custodia nueve meses hasta que un juez ordenó su liberación bajo fianza tras determinar que Seguridad Nacional no había justificado su detención.

El gobierno federal debe cumplir el mismo estándar que exigimos a nuestras policías locales. El marco de rendición de cuentas de 10 puntos no es radical ni impracticable. No es opcional. Representa el estándar mínimo para una conducta profesional y legal en una democracia constitucional.

Las demandas incluyen: poner fin inmediato al uso de máscaras que ocultan la identidad de los agentes; detener tácticas violentas y establecer estándares legales de uso de la fuerza con mayor capacitación y certificación; cámaras corporales obligatorias en todas las acciones federales; órdenes judiciales antes de ingresar a propiedad privada o espacios públicos no abiertos al público general; protección absoluta de lugares sensibles como escuelas, hospitales y templos; prohibiciones claras contra la elaboración de perfiles raciales; preservación de la autoridad estatal y local para investigar y procesar posibles delitos; y consentimiento estatal o local para operaciones de gran escala.

El profesionalismo no obstaculiza la labor policial; la legitima. El anonimato y la impunidad son herramientas de un Estado policial, no de una república libre.

Instamos al presidente de la Cámara, Johnson, y al líder Thune a aceptar estas salvaguardas antes de la fecha límite del 13 de febrero. Exhortamos al Congreso a mantenerse firme: no cheques en blanco sin reforma. No podemos respaldar un presupuesto que financie el terror en nuestras comunidades.

Firmado por los alcaldes de Baltimore, Boston, Chicago, Denver, Los Ángeles, Minneapolis, Nueva Orleans y Portland, con el apoyo de la African American Mayors Association, el National Forum for Black Public Administrators y la National Organization of Black Law Enforcement Executives.