Search
Close this search box.

Corte Suprema evaluará el futuro del TPS para miles de sirios y haitianos

Facebook
Twitter
LinkedIn

Redacción ECH

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este lunes bloquear temporalmente los planes de la Administración Trump para deportar a unos 6,000 sirios y más de 350,000 haitianos que cuentan con el Estatus de Protección Temporal (TPS), al tiempo que aceleró el proceso judicial para resolver el caso en los próximos meses.

El máximo tribunal programó audiencias para abril, con una decisión prevista antes de finales de junio, en lo que podría convertirse en un fallo clave sobre el alcance de las políticas migratorias del gobierno.

El TPS es un mecanismo legal que permite a personas de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis extraordinarias vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos. Sin embargo, la Administración Trump busca eliminar este estatus para migrantes de más de una decena de países, como parte de una política migratoria más restrictiva.

En dos apelaciones de emergencia, el Gobierno solicitó a la Corte Suprema levantar los fallos de tribunales inferiores que habían mantenido vigente la protección para haitianos y sirios mientras se resolvían sus demandas. No obstante, en lugar de permitir la eliminación inmediata del programa, los jueces optaron por analizar el caso en profundidad y de forma expedita.

Entre los puntos clave que deberá resolver la Corte están si las decisiones sobre el TPS pueden ser revisadas por los tribunales, si los beneficiarios tienen fundamentos legales para impugnarlas y si se han vulnerado principios de igualdad ante la ley.

El programa TPS ha sido una vía de protección para cientos de miles de personas: los haitianos lo obtuvieron tras el devastador terremoto de 2010, mientras que los sirios califican desde 2012 debido a la guerra civil en su país.

Aunque la decisión actual mantiene temporalmente las protecciones, el fallo final del tribunal podría definir el futuro de más de un millón de migrantes y sentar un precedente sobre el poder del gobierno para retirar estos beneficios sin supervisión judicial.

Edición Digital

Últimas Noticias