Redacción ECH

La Corte de Apelaciones del 7º Circuito emitió una suspensión administrativa de la orden del juez federal Jeffrey Cummings, quien la semana pasada dispuso la liberación, bajo ciertas condiciones, de hasta 615 personas detenidas en el centro de detención de Broadview y otros lugares de la región.

Esa suspensión no decide el fondo del asunto, pero sí retrasa la salida de cientos de migrantes que podían haber sido liberados este viernes.

El tribunal ha fijado una audiencia de argumentos orales para el 2 de diciembre, cuando escuchará a ambas partes antes de decidir si concede una suspensión más amplia mientras avanza la apelación presentada por el Departamento de Justicia.

La orden de Cummings se enmarca en el contexto del llamado “Operativo Midway Blitz”, una campaña de arrestos y detenciones de inmigración que intensificó las deportaciones en el área de Chicago.

El juez sostuvo que su objetivo era restaurar el “status quo” previo a un cambio de interpretación de la ley migratoria impulsado durante el Gobierno de Donald Trump.

Quiénes podrían salir y quiénes no

En su fallo inicial, Cummings señaló que el Gobierno había identificado a 615 personas detenidas bajo la nueva interpretación de detención obligatoria. Reconoció, sin embargo, que no estaba claro cuántas de ellas seguían en el país, pues algunas ya habían sido deportadas o liberadas por otras razones.

El juez dejó claro que su orden no buscaba liberar a quienes fueran considerados un riesgo para la seguridad pública. De acuerdo con la información presentada, las autoridades habían catalogado a 57 de los 615 como personas de “alto riesgo”.

Entre estos casos, y las personas ya deportadas o liberadas, Cummings estimó que alrededor de 442 detenidos podrían ser elegibles para salir bajo supervisión. Posteriormente, las autoridades sumaron siete individuos más a la lista de alto riesgo.

El juez remarcó que no piensa reescribir ni discutir los criterios que las autoridades utilizan para identificar posibles amenazas a la seguridad pública, pero sí cuestionó que la interpretación actual de la ley haya extendido la detención obligatoria a personas que, históricamente, habrían tenido derecho a una audiencia de fianza.

El corazón legal del conflicto

La disputa gira en torno a cómo se interpreta una disposición de la ley de inmigración que el Gobierno de Trump empezó a aplicar de manera mucho más amplia.

Organizaciones defensoras de inmigrantes sostienen que esta norma sólo debería aplicarse a “no ciudadanos que han llegado recientemente a un puerto de entrada o a la frontera”, no a personas que llevan años viviendo en Estados Unidos.

Más de 100 jueces en todo el país han fallado de manera consistente en esa misma línea, pero, como señaló el propio Cummings, esos criterios no han sido revisados todavía por cortes superiores, en buena medida porque el Gobierno no apeló muchos de esos casos.

El actual litigio abre la puerta a que el 7º Circuito se pronuncie de forma más clara sobre los límites de la detención obligatoria en materia migratoria.

Según los datos presentados en la corte, las aproximadamente 600 personas afectadas por la orden de Cummings forman parte de un grupo mayor de unos 1.800 migrantes arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área de Chicago entre el 11 de junio y el 7 de octubre.

De ellos, unos 750 permanecen en Estados Unidos y cerca de 135 tienen órdenes finales de deportación o condenas penales. Una revisión más amplia podría llevar a la liberación de más personas arrestadas tanto por ICE como por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) entre junio y noviembre.

El caso está vinculado además al acuerdo conocido como Castañón Nava, que limita la capacidad de ICE y de quienes colaboran con la agencia para realizar arrestos sin orden judicial en Illinois y estados vecinos.

El mes pasado, Cummings extendió ese acuerdo hasta febrero, pero esa decisión también ha sido impugnada por el Departamento de Justicia y queda igualmente sujeta a la suspensión ordenada ahora por el 7º Circuito.

Antecedentes en Chicago e Illinois

La situación actual no puede entenderse sin mirar atrás a la etapa de deportaciones masivas bajo la presidencia de Donald Trump. Durante esos años, Chicago e Illinois se convirtieron en escenario de operativos frecuentes en lugares de trabajo, calles y espacios públicos, lo que llevó al estado a reforzar su legislación de “estado santuario” y a limitar la cooperación de las autoridades locales con ICE.

Organizaciones comunitarias y legales documentaron numerosos casos de arrestos sin orden judicial y de personas detenidas pese a llevar años viviendo y trabajando en el país.

Esos antecedentes dieron origen a acuerdos como Castañón Nava y a múltiples demandas federales que buscaban frenar los excesos de la política migratoria.

Hoy, aunque la Administración federal ha cambiado, muchas de las consecuencias de aquella etapa —incluidas interpretaciones más duras de la ley de detención obligatoria— siguen vigentes y se discuten en tribunales como el 7º Circuito.

La audiencia del 2 de diciembre será un nuevo capítulo en esa larga disputa, con el futuro inmediato de cientos de personas detenido en una balanza legal que aún no se inclina de forma definitiva.