Redacción El Chicago Hispano
El juez del Tribunal de Circuito del Condado de Cook, Allen Walker, confirmó que la ciudad actuó dentro de sus derechos al denegar un permiso para el funcionamiento de una trituradora de metales de la empresa General Iron en el lado sureste a principios de 2022.
El juez revocó la decisión que tomó el año pasado un tribunal administrativo, el cual determinó que la ciudad no siguió sus propias reglas cuando denegó la apertura de la operación de trituración de metales en East 116th Street a lo largo del río Calumet.
El propietario de la empresa, rebautizada como Southside Recycling, planea apelar la decisión y está reclamando cientos de millones de dólares en daños y perjuicios por pérdida de negocios y otros costos en un caso judicial separado.
Walker confirmó el rechazo del permiso de operación de General Iron por parte de la ciudad de Chicago, consideró en especial los posibles daños de una adicional contaminación del aire, y dictaminó que el análisis del impacto en la salud ordenado por la ciudad del contaminado lado sureste era apropiado.
El juez rechazó múltiples recursos legales presentados por el propietario de la empresa, entre ellos el argumento en contra de una evaluación del impacto en la salud de la zona sureste utilizada como base para denegarle el permiso.
Él análisis que utilizó la ciudad como causa de la denegación, fundamentaba las tensiones sociales y de salud en una zona ya muy industrializada, por lo que el juez Walter consideró que la decisión de la ciudad de no conceder el permiso no fue arbitraria, sino que “se basó en datos y análisis sustanciales”.
La evaluación, dijo, “destacó los riesgos significativos para la salud asociados con la instalación propuesta. La zona sureste es particularmente susceptible a los posibles impactos en la salud”. Por su parte, la ciudad emitió un breve comunicado donde expresó su satisfacción por la decisión del juez.
En tanto, la trituradora, ahora propiedad de Reserve Management Group, aseguró que el asunto estuvo contaminado por la política, “sin ningún tipo de protección, en lo que se supone que es un proceso de permisos apolítico”, y evidenció el fracaso de la ciudad en seguir sus propias reglas y ordenanzas.
A su vez, el Grupo de Trabajo Ambiental del Sureste y People for Community Recovery, organizaciones que se opusieron a la operación de la trituradora, expresaron en un comunicado conjunto su satisfacción por la decisión del juez. “El siguiente paso debe ser desmantelar el equipo”, dijeron.