CHICAGO — La Ciudad de Chicago, junto con otros ocho gobiernos locales, presentó una demanda federal contra la Administración de Donald Trump, impugnando nuevas y supuestamente ilegales condiciones impuestas a las subvenciones del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS, por sus siglas en inglés). La acción judicial busca proteger decenas de millones de dólares en fondos esenciales que permiten a Chicago prepararse y responder ante emergencias como ataques terroristas, amenazas a la seguridad pública y desastres naturales.
“Chicago no se quedará de brazos cruzados mientras el gobierno federal utiliza los fondos de emergencia como arma para atacar nuestros valores”, afirmó el alcalde Brandon Johnson. “Chicago siempre defenderá la importancia de nuestra diversidad. Garantizar que todos los habitantes tengan la oportunidad de prosperar no es discriminación; es justicia básica. Lucharemos para que nuestros socorristas tengan las herramientas necesarias, para mantener nuestro compromiso con la equidad y la inclusión, y para recibir cada dólar federal destinado a la seguridad pública”.
Durante más de 75 años, el gobierno federal ha trabajado junto a los gobiernos locales para apoyar la respuesta ante emergencias y la preparación ante desastres mediante subvenciones del DHS y de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Estos fondos ayudan a las ciudades a capacitar a los equipos de emergencia, modernizar los centros de operaciones, crear sistemas de alerta pública y adquirir equipos que salvan vidas, como trajes de materiales peligrosos para escuadrones antibombas.
Las nuevas condiciones impuestas por el DHS exigirían que la Ciudad certifique que no administra “programas que promuevan o fomenten la ideología de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI o DEIA)” o, de lo contrario, perdería la financiación. Chicago tiene actualmente decenas de millones de dólares vinculados a nuevas subvenciones sujetas a esas condiciones. Estas amplias restricciones podrían socavar la intención del Congreso al aprobar estos fondos y poner en riesgo las capacidades esenciales de respuesta ante emergencias.
“El gobierno federal no puede exigir que las ciudades desmantelen sus programas de equidad e inclusión a cambio de ayuda en caso de desastres”, declaró Mary B. Richardson-Lowry, asesora jurídica de la Ciudad. “Estamos tomando medidas para garantizar que los sistemas de respuesta de Chicago sigan siendo sólidos, inclusivos y basados en los principios constitucionales”.
La demanda, presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Illinois, sostiene que las nuevas condiciones violan la ley de manera fundamental por dos razones principales:
- Violación de la separación de poderes: al imponer estas condiciones, la administración Trump estaría usurpando la autoridad del Congreso sobre el gasto público.
- Actuación arbitraria y caprichosa: las restricciones carecen de justificación razonada y no guardan relación con el propósito original de las subvenciones.
Los demandantes solicitan una orden judicial que declare ilegales las condiciones impugnadas y prohíba a los funcionarios federales imponer o hacer cumplir estas restricciones sobre los fondos de emergencia.
