Redacción ECH

El cierre parcial del Gobierno federal de Estados Unidos continúa sin señales de resolución, luego de que la Casa Blanca y los legisladores demócratas no lograran alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La falta de consenso activó el sábado la suspensión temporal de fondos para esa cartera, en medio de una disputa centrada en el control y la supervisión de los agentes de inmigración.

El estancamiento político surge tras la exigencia de los demócratas de introducir cambios en los protocolos de actuación de los oficiales federales, luego de los tiroteos fatales de los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis el mes pasado. Los legisladores opositores sostienen que se requieren estándares más estrictos de identificación, transparencia y rendición de cuentas en los operativos migratorios.

El Congreso se encuentra en receso hasta el 23 de febrero, y ambas partes mantienen posiciones firmes. La paralización presupuestaria afecta a varias agencias bajo la órbita del DHS, entre ellas la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Guardia Costera, el Servicio Secreto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

A pesar del cierre, gran parte de las operaciones de control migratorio continúan. Una ley fiscal y de reducción del gasto aprobada en 2025 asignó miles de millones de dólares adicionales a ICE y CBP, recursos que pueden utilizarse para operativos de deportación. Se estima que alrededor del 90% de los empleados del DHS seguirán trabajando, aunque sin recibir salario mientras dure la suspensión de fondos, lo que podría generar dificultades económicas para muchos trabajadores. El año pasado, el país experimentó un cierre gubernamental que se extendió por 43 días.

Desde la Casa Blanca, el llamado “zar fronterizo” Tom Homan rechazó las demandas demócratas de obligar a los agentes federales a identificarse claramente, quitarse las máscaras durante los operativos y portar números de identificación visibles. Si bien afirmó no estar a favor del uso de máscaras, sostuvo que los oficiales deben proteger su seguridad ante posibles amenazas.

Los demócratas también proponen que los agentes migratorios utilicen cámaras corporales y que se exijan órdenes judiciales para realizar arrestos en propiedades privadas. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, argumentó que las medidas solicitadas no son excepcionales, sino prácticas habituales en fuerzas policiales de todo el país.

En el campo republicano, algunas figuras mostraron apertura parcial. El senador Markwayne Mullin indicó que podría respaldar el uso de cámaras corporales y mejoras en la capacitación, pero rechazó la exigencia de retirar máscaras, señalando que algunos agentes han sido objeto de acoso y exposición pública. Por su parte, la senadora Katie Britt calificó de “imprudente” que los demócratas abandonaran las negociaciones y defendió una extensión temporal del financiamiento mientras continuaban las conversaciones.

El conflicto ocurre en un contexto en el que la aplicación estricta de las leyes migratorias ha sido uno de los ejes centrales del segundo mandato del presidente Donald Trump. Según datos oficiales del DHS, desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado se han deportado más de 675.000 migrantes, mientras que otros 2,2 millones habrían abandonado el país voluntariamente ante el endurecimiento de las políticas migratorias.

Con el Congreso fuera de sesión y las posturas endurecidas, el cierre parcial podría extenderse, reavivando el debate sobre el equilibrio entre seguridad fronteriza, autoridad federal y mecanismos de supervisión en la aplicación de la ley migratoria.