Redacción ECH

La Administración del Seguro Social (SSA) realiza recortes que incluyen el cierre de 47 oficinas en todo el país, 26 de ellas este mes, cancelación del servicio a miles de inmigrantes, y despido de trabajadores. Además, obliga a poseedores de un número a confirmar su identidad en persona para recibir beneficios.

La situación afecta ya a los sectores más vulnerables, por lo que en Chicago líderes locales y defensores de los derechos civiles realizaron una manifestación de protesta en la Plaza Federal del centro de la ciudad para expresar su preocupación sobre los efectos de los recientes cambios en el Seguro Social.

En el evento, el legislador federal Jesús “Chuy” García criticó lo que llamó “una mala política” del gobierno de Trump, que atenta contra los derechos civiles. “Dicen que se trata de eficiencia, pero sabemos la verdad. No se trata de los estadounidenses, se trata de los ricos haciéndose más ricos”, dijo.

De los más de 73,2 millones de personas que dependen del Seguro Social, 2, 3 millones son de Illinois. Las cifras incluyen  jubilados e hijos, que reciben prestaciones de jubilación y discapacidad en todo el país.

García habló del cierre de oficinas y recorte de personal  “medidas que impactan a quienes más lo necesitan: personas mayores, con discapacidades y, por supuesto, inmigrantes”. Tambien reprobó la cancelación de números de SS a inmigrantes bajo el supuesto objetivo de frenar accione fraudulentas. 

“El verdadero fraude es que los inmigrantes han contribuido con más de $580 millones al Seguro Social, dinero que nunca verán ni del que se beneficiarán mientras son excluidos del mismo sistema que ayudaron a sostener”, expresó García.

El gobierno federal clasificó a más de 6,000 inmigrantes vivos como fallecidos y canceló sus números de Seguro Social, lo que significa que no pueden obtener legalmente un trabajo, cobrar beneficios de Seguro Social o recibir ciertos beneficios gubernamentales, entre otras situaciones.

Muchos de los inmigrantes afectados por este movimiento fueron autorizados a permanecer en Estados Unidos durante dos años con permiso de trabajo bajo la autoridad del parole presidencial otorgado por la administración de Biden, pero en este mes a muchos se les revocó su estatus.

Actualmente, quienes no pueden verificar su identidad a través de servicios en línea o telefónicos deben acudir en persona a una oficina local. El cambio se aplica a nuevos solicitantes, ubicados por los sistemas de detección de fraude, y a beneficiarios actuales que deseen cambiar su información de depósito directo.