Redacción ECH

El consejo municipal de Broadview, un suburbio del área metropolitana de Chicago, aprobó cambios en sus leyes de zonificación que imponen mayores restricciones a la instalación de cárceles y centros de detención dentro de sus límites. La decisión se tomó en un contexto de creciente preocupación comunitaria por las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y por los planes del Gobierno federal de ampliar la capacidad de detención migratoria en la región.

Las nuevas disposiciones prohíben que prisiones o centros de detención se ubiquen a menos de 1,000 pies —unos 300 metros— de zonas residenciales, escuelas, guarderías, cementerios, parques, reservas forestales, viviendas para adultos mayores y complejos de vivienda pública. Además, cualquier nueva instalación de este tipo deberá obtener un permiso especial de uso y no podrá operar cerca de otro centro similar.

El cambio normativo fue aprobado por cinco fideicomisarios del consejo, incluida la alcaldesa Katrina Thompson. Una integrante del consejo se abstuvo de votar y otro no estuvo presente durante la sesión. La medida se adoptó luego de que la junta de zonificación del municipio modificara su postura inicial. En un primer momento, dicho organismo había sugerido rechazar la propuesta, pero posteriormente recomendó su aprobación tras recibir aclaraciones sobre su alcance.

Jorene Gordon, comisionada de la junta de zonificación, reconoció que parte del organismo no comprendió completamente el impacto del proyecto en un inicio. Tras una revisión más detallada, dijo haber cambiado de opinión. Explicó que la nueva regulación no es simbólica, sino que establece criterios concretos para proteger a la comunidad frente a posibles efectos negativos de este tipo de instalaciones.

La alcaldesa Thompson señaló que las protestas registradas durante el último año frente al centro de ICE ubicado en Beach Street alteraron la vida cotidiana de los residentes. Según explicó, las manifestaciones constantes evidenciaron vacíos en la normativa local, ya que las leyes vigentes no contemplaban de manera específica este tipo de instalaciones. A su juicio, los nuevos requisitos buscan prevenir situaciones similares en el futuro y responden a la responsabilidad del municipio de velar por la seguridad, la salud y el bienestar general.

La propuesta comenzó a discutirse luego de que trascendiera que la administración del expresidente Donald Trump evaluaba nuevas ubicaciones para expandir las operaciones federales de detención migratoria en el área de Chicago. Si bien los cambios aprobados no afectan el funcionamiento del actual centro de ICE en Broadview, sí condicionan cualquier proyecto futuro, que deberá ajustarse estrictamente a las nuevas reglas urbanísticas.

El debate no estuvo exento de críticas por parte de residentes y activistas. Durante la reunión del consejo, el espacio de comentarios públicos fue trasladado para después de una sesión a puerta cerrada y posterior a la votación, lo que algunos asistentes consideraron una barrera para la participación ciudadana.

Para varios miembros de la comunidad, la aprobación de estas restricciones representa un paso hacia una mayor transparencia y control local frente a decisiones federales que impactan directamente en los vecindarios. Aunque la medida no elimina la presencia de ICE en Broadview, sí establece límites más estrictos sobre cómo y dónde podrían expandirse este tipo de instalaciones en el futuro.