Redacción El Chicago Hispano

El año pasado se registraron en Illinois 94 incidentes de violencia doméstica que provocaron 120 muertes, lo que significa un aumento del 110 % con respecto a 2022, cuando se reportaron 45 casos y 57 fallecimientos relacionados con los mismos, indica un reporte de una coalición de grupos defensores.

De las 120 muertes reportadas, 107 de ellas fueron homicidios y 13 suicidios por parte del presunto abusador. Aproximadamente la mitad de los muertos eran parejas íntimas de los atacantes. Otros incluían familiares o hijos, precisa el informe anual de la Coalición de Illinois contra la Violencia Doméstica (ICADV, por sus siglas en inglés).

En el 68 % de las 120 muertes se utilizó un arma de fuego, mientras que, en 2022, hubo armas de fuego en el 49 % de los decesos. “Si ocurre violencia doméstica, ya sea física, emocional o explotación financiera, y hay armas, siempre existe la posibilidad de homicidios”, dijo Vickie Smith, consultora de la ICADV.

Debido a este alarmante aumento de casos de muertes por violencia doméstica, Smith pidió a los legisladores del estado trabajar durante la sesión de veto de otoño para acordar medidas enérgicas contra los abusadores que poseen armas de fuego. “Hay que intensificar esfuerzos para reducir estos homicidios evitables”, dijo.

“Las cifras han subido y bajado un poco desde que se inició con los informes, pero nunca [ha habido] un aumento tan dramático. Sentimos que era realmente importante sacar esto a la luz lo antes posible”, añadió. “Si han aumentando tanto en poco más de un año, ¿qué veremos en los próximos años?”.

La coalición decidió anticipar la publicación del informe anual, que normalmente publica en octubre, por la gravedad de los hallazgos y con la esperanza de impulsar acciones sobre la legislación estancada. Parte de ella es el proyecto de la Ley Karina que retiraría las armas en casos de violencia doméstica.

La ley lleva el nombre de Karina González, asesinada a tiros en julio de 2023 junto con su hija de 15 años en el vecindario de La Villita, pocas semanas después de que ella le contara a la policía sobre el comportamiento amenazante de su esposo, José Álvarez.

Se le otorgó una orden de protección contra Álvarez, cuya cédula de identificación de propietario de armas de fuego fue revocada automáticamente y se le prohibió la entrada a la casa familiar. Sin embargo, el 3 de julio, el individuo estaba en la casa con su pistola Glock de 9 mm cuando disparó fatalmente a su esposa e hija e hirió a su hijo de 18 años.

Según el proyecto de ley de Karina, un juez emitiría una orden de registro con la orden de protección y las autoridades tendrían 96 horas para entregar la orden y confiscar el arma. La familia de González se ha unido a decenas de defensores y legisladores que exigen la aprobación de la medida.

El proyecto de ley era parte de un paquete de seguridad para las armas de fuego que fue aprobado en la Cámara, pero que no logró pasar en el Senado debido a que algunos legisladores retenían su decisión hasta que la Corte Suprema se pronunciara sobre un caso relacionado con armas de fuego y violencia doméstica, lo cual sucedió en junio.