Redacción ECH

El centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida, enfrenta un posible cierre en medio de crecientes cuestionamientos por su elevado costo operativo, su efectividad y las condiciones denunciadas dentro de la instalación.

De acuerdo con reportes recientes, funcionarios estatales y federales han discutido la posibilidad de clausurar el complejo después de que evaluaciones internas concluyeran que mantenerlo en funcionamiento resulta financieramente insostenible. El centro, impulsado como parte de las políticas de endurecimiento migratorio en Florida, ya habría consumido más de 640 millones de dólares en recursos estatales.

Documentos y reportes públicos señalan que el costo operativo supera actualmente el millón de dólares diarios, aunque durante las primeras etapas del proyecto el gasto habría alcanzado cerca de 3 millones de dólares por día.

Además, Florida aún estaría esperando cientos de millones de dólares en reembolsos federales vinculados al funcionamiento del centro, lo que ha intensificado el debate político sobre la viabilidad financiera del proyecto.

Aunque las críticas humanitarias han ocupado gran parte de la atención pública, analistas y medios estadounidenses coinciden en que el principal factor detrás de la posible clausura sería económico.

Diversas organizaciones de derechos civiles y grupos ambientalistas han denunciado condiciones deficientes dentro de la instalación, incluyendo problemas sanitarios, acceso limitado a servicios médicos y dificultades para recibir asistencia legal.

A esto se suma un dato que ha generado controversia política: aproximadamente el 65% de los detenidos en el centro no tendría antecedentes criminales, según registros citados en reportes públicos. En muchos casos, se trataría de inmigrantes retenidos por infracciones administrativas relacionadas con su estatus migratorio y no por delitos penales.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó recientemente que el centro siempre fue concebido como una instalación temporal y dejó abierta la posibilidad de su cierre si el gobierno federal implementa alternativas para alojar detenidos migratorios.

Por ahora, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no ha confirmado oficialmente el cierre, aunque reconoció que revisa de forma constante los costos y necesidades operativas del sistema de detención migratoria.