CHICAGO — El alcalde Brandon Johnson se unió a funcionarios municipales de todo Estados Unidos en una sesión ante miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde detallaron las violaciones de derechos humanos resultantes de la aplicación federal de las leyes migratorias en Chicago y del corte de la asistencia alimentaria por parte de la Administración Trump.
Johnson invitó a los expertos independientes de la ONU a Chicago para que presenciaran de primera mano los abusos cometidos por los agentes federales de inmigración y exhortó a considerar una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos para examinar la crisis en curso en Estados Unidos.
El evento —organizado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Centro para los Derechos Constitucionales y Human Rights First— se llevó a cabo durante la 50ª sesión del Grupo de Trabajo para el Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra, Suiza.
“No podemos hacer esto solos”, dijo el alcalde Brandon Johnson. “Por eso hago un llamado a este Consejo para que exija al Gobierno federal de Estados Unidos el mismo nivel de rendición de cuentas que aplican en otras partes del mundo. Ningún país debería estar por encima del derecho internacional. Los derechos humanos son universales —o no significan nada”.
La comparecencia del alcalde Johnson ante funcionarios de la ONU se da en momentos en que la Administración Trump se ha negado a presentar su informe requerido del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos.
Sobre el fin de los beneficios del SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), el alcalde Johnson declaró: “Como alguien que lo ha vivido en carne propia, puedo decirles lo humillante que es abrir el refrigerador y no tener nada para comer. En el país más rico del mundo, no hay razón alguna para que nuestro Gobierno federal permita que cientos de miles de habitantes de Chicago pasen hambre”.
Sobre las redadas migratorias militarizadas en curso, añadió: “En Chicago, vivimos cada día con las consecuencias de ese fracaso moral. Familias destrozadas por redadas migratorias. Redadas que han tenido como blanco a maestras de guardería, conductores de transporte compartido y cocineros de restaurantes. Personas honestas, trabajadoras y respetuosas de la ley que contribuyen al alma de Chicago, que literalmente hacen funcionar nuestra ciudad”.
El panel incluyó a funcionarios estatales y municipales, entre ellos:
- Larry Krasner, fiscal de distrito de Filadelfia
- Holly Mitchell, supervisora del condado de Los Ángeles
- Dorene Lorenz, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Alaska
- Robin Toma, director ejecutivo de la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Los Ángeles
- JoAnn Kamuf Ward, subcomisionada de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York
Los líderes compartieron los últimos acontecimientos relacionados con la ofensiva federal contra la inmigración y cómo los gobiernos locales están trabajando para mantener los estándares de derechos humanos en sus comunidades.
El alcalde Johnson explicó los esfuerzos de la ciudad dentro de la Iniciativa para Proteger Chicago, destinada a garantizar que los residentes conozcan bien sus derechos constitucionales y que las fuerzas del orden locales cumplan con la Ordenanza de Ciudad de Bienvenida de Chicago. También describió cómo los habitantes han organizado redes de respuesta rápida para verificar la presencia de agentes federales, evitar la propagación de desinformación y mantener seguras a sus comunidades.
Mientras la Administración Trump se niega a cooperar con la supervisión internacional, en las últimas semanas, agentes federales en Chicago han lanzado gases lacrimógenos contra un desfile infantil de Halloween, sometido a residentes con llaves de estrangulamiento, atado con bridas a niños pequeños y ha sacado de sus hogares en plena noche, disparado balas de pimienta contra periodistas y detenido violentamente a una maestra en un centro de cuidado infantil.
