CHICAGO — En respuesta a informes confirmados sobre la presencia de agentes de inmigración fuertemente armados en el centro de Chicago, el alcalde Brandon Johnson se presentó junto al gobernador JB Pritzker, la presidenta de la Junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, y el fiscal general Kwame Raoul, acompañados de líderes comunitarios, empresariales, laborales y cívicos, en una conferencia de prensa para responder a la provocación innecesaria. El alcalde Johnson denunció la corrupción de la Administración Trump y el lucro de las corporaciones privadas de prisiones, que se benefician de la detención de residentes indocumentados.

“He hablado con padres en Pilsen y Little Village, con dueños de negocios en Devon, con personas mayores en Uptown, quienes tienen demasiado miedo de llevar a sus hijos a la escuela, están perdiendo clientes y temen asistir a la iglesia porque—aunque tengan estatus legal—temen las acciones imprudentes que han visto en línea”, dijo el alcalde Brandon Johnson durante su intervención. “No es ‘dureza’ ni ‘patriotismo’ arrojar al suelo a una madre que llora y solo quería reunirse con sus hijos. No es ‘ley y orden’ derribar a un empresario de 79 años, ciudadano estadounidense, por tratar de presentar los documentos de sus empleados. Así que, nuevamente, digo, esto no se trata de seguridad pública. Ni siquiera se trata de inmigración. Esto es la continuación de la guerra de la administración Trump contra los pobres.”

Durante su patrulla, los agentes federales de inmigración apuntaron a vendedores ambulantes y trabajadores de la construcción, y persiguieron a un repartidor tras ejercer su derecho de la Primera Enmienda a criticar al gobierno. Durante un arresto, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incluso hicieron que una niña pequeña actuara como traductora mientras detenían a su familia.

La demostración de fuerza de ayer se produce mientras las detenciones federales de personas sin antecedentes penales han aumentado un 488 % bajo la Administración Trump. Según datos del gobierno federal, el 72 % de los detenidos actualmente no tienen antecedentes penales.

Las personas sin antecedentes penales son ahora el grupo más grande en detención federal de inmigración. De aquellos con antecedentes, muchos son por infracciones de tráfico menores u otros delitos menores.

Mientras tanto, más del 90 % de los centros de detención de inmigrantes son operados por corporaciones privadas con fines de lucro. La administración Trump ha celebrado contratos sin licitación con empresas privadas de prisiones en todo Estados Unidos. Las dos corporaciones privadas más grandes donaron al menos 2,8 millones de dólares a la campaña de reelección de Trump. Ambas han recibido desde entonces contratos federales multimillonarios a través de la ley “One Big Beautiful Bill” para aumentar la capacidad de detención.

Todo esto se produce tras las revelaciones de que Tom Homan, el llamado “zar fronterizo” de Trump, aceptó un soborno de 50,000 dólares de agentes encubiertos del FBI a cambio de contratos lucrativos para centros de detención. El Departamento de Justicia ha tomado medidas para cerrar la investigación sobre la conducta de Homan.

Hoy, el alcalde Brandon Johnson pidió el nombramiento de un investigador independiente para revisar todos los contratos en la ciudad de Chicago, el condado de Cook y el estado de Illinois relacionados con cualquier centro de detención de ICE, para garantizar que no haya habido casos de corrupción o soborno vinculados con las operaciones de ICE en Chicago.

“Esta es la agencia a la que Trump y los republicanos le dieron un cheque en blanco de 170 mil millones de dólares con poca o ninguna supervisión”, dijo el alcalde Johnson durante su intervención. “El dinero que los republicanos entregaron a ICE supera la financiación asignada a la policía por los gobiernos estatales y locales en los 50 estados y el Distrito de Columbia juntos. Y el tipo que pusieron a cargo de esa financiación puede ser comprado por 50,000 dólares en efectivo. Están llenando sus propios bolsillos y los de los ejecutivos de un pequeño grupo de corporaciones.”

Los recortes de la Administración Trump a programas esenciales, incluidos Medicaid y SNAP, solo agravarán los efectos de la pobreza y generarán nuevas dificultades para los trabajadores de Chicago. Más de 330,000 personas en Illinois podrían perder acceso a la atención médica debido a los recortes de la administración Trump, mientras que más de 427,000 residentes de Illinois están en riesgo de perder asistencia alimentaria.

“En un momento en que están recortando cientos de millones de dólares en salud, salud pública, vivienda y educación pública—fabricando austeridad—lo diré claramente: la administración Trump está empeorando la pobreza y al mismo tiempo declarando la guerra a los pobres”, continuó el alcalde Johnson durante su intervención.