CHICAGO — En respuesta a la decisión de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) de revocar el Dictamen de Riesgo (Endangerment Finding) de 2009, que determinó que las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de vehículos motorizados contribuyen al cambio climático y ponen en peligro la salud y el bienestar públicos, el alcalde Brandon Johnson emitió la siguiente declaración:
“La revocación del dictamen de riesgo es la más reciente de una serie de acciones insensibles que demuestran el desprecio de la administración Trump por la salud pública y el medio ambiente. Aun así, la Ciudad de Chicago se mantiene firme en su compromiso de proteger a nuestros residentes”, dijo el alcalde Brandon Johnson. “Seguiremos luchando contra acciones federales peligrosas, tanto a través del sistema judicial como mediante nuestro trabajo diario para hacer de Chicago una ciudad más segura y saludable para todos. La capitulación de la administración Trump ante el afán de lucro corporativo no anulará nuestro compromiso de mitigar los impactos dañinos en nuestras comunidades negras y latinas. Mi administración trabajará junto a expertos en clima, miembros de la comunidad y otros socios locales, estatales y federales para salvaguardar la salud pública, prevenir un mayor deterioro y defender el derecho de cada habitante de Chicago a respirar aire limpio”.
El Dictamen de Riesgo de 2009 fue el resultado directo de la histórica decisión de la Corte Suprema en el caso Massachusetts v. EPA (2007), que confirmó la autoridad de la EPA bajo la Ley de Aire Limpio para regular las emisiones de gases de efecto invernadero que amenazan la salud y el bienestar públicos. En respuesta a ese fallo, y tras años de revisión científica, la EPA concluyó en 2009 que las emisiones de vehículos motorizados contribuyen a la contaminación del aire que impulsa el cambio climático. Posteriormente, la agencia estableció estándares para limitar esas emisiones.
La revocación del dictamen por parte de la EPA se basa en la afirmación —rechazada previamente por la Corte Suprema— de que la agencia carece de autoridad legal para regular las emisiones de gases de efecto invernadero, e ignora evidencia científica consolidada que demuestra que estos gases ponen en peligro la salud pública y el bienestar. La nueva regla elimina todos los estándares federales existentes y futuros sobre emisiones de gases de efecto invernadero para vehículos, lo que, según los críticos, viola las obligaciones legales de la agencia y su responsabilidad fundamental de proteger a la población frente a daños ambientales.
En agosto de 2025, tras la propuesta inicial de la administración Trump para derogar el Dictamen de Riesgo, cientos de personas —incluidos funcionarios gubernamentales, científicos y defensores de la salud pública— testificaron ante la EPA, señalando la ilegalidad de la medida propuesta, la dependencia de fuentes cuestionables para negar el cambio climático y la falta de reconocimiento de los impactos del clima en la vida cotidiana y la salud personal.
En el otoño de 2025, Chicago se unió a una coalición de 23 fiscales generales y siete condados y ciudades para presentar dos cartas de comentarios instando a la EPA a abandonar la revocación propuesta, argumentando que violaría precedentes legales establecidos, el consenso científico y pondría en riesgo a cientos de millones de estadounidenses, particularmente a comunidades afectadas de manera desproporcionada por daños ambientales, además de generar una alteración sin precedentes del marco regulatorio con consecuencias potencialmente catastróficas para residentes, empresas, recursos naturales e inversiones públicas.
