CHICAGO – El alcalde Brandon Johnson firmó una extensa orden ejecutiva que establece la Iniciativa Protegiendo a Chicago, un esfuerzo interdepartamental para salvaguardar los derechos constitucionales de los residentes de la ciudad frente a la posibilidad de un despliegue militarizado de inmigración o de la Guardia Nacional por parte del gobierno federal. La iniciativa se basa en meses de planificación entre distintas dependencias y prevé campañas para informar a la población sobre sus derechos, además de acciones legales y legislativas para impedir cualquier intento sistemático de violarlos.

La orden exige que el presidente Donald Trump retire su amenaza de enviar personal de la Guardia Nacional a Chicago y reafirma que el Departamento de Policía de Chicago (CPD) seguirá siendo una agencia bajo control local, dependiente de la Ciudad y del alcalde Johnson. Asimismo, establece que el CPD no colaborará ni facilitará ninguna acción ilegal o inconstitucional emprendida por las fuerzas del orden federales o las Fuerzas Armadas de EE.UU. dentro de la ciudad.

“El gobierno de Chicago hará todo lo que esté en nuestras manos para defender nuestra democracia y proteger a nuestras comunidades”, dijo el alcalde Johnson. “Con esta orden ejecutiva enviamos un mensaje contundente al gobierno federal: no necesitamos ni queremos una ocupación militar inconstitucional e ilegal en nuestra ciudad. Tomaremos cualquier medida necesaria para defender los derechos de los habitantes de Chicago. Protegiendo a Chicago es el siguiente paso en el trabajo que hemos venido realizando para defender nuestra ciudad frente a los excesos federales y las acciones ilegales”.

El anuncio representa una de las acciones ejecutivas más drásticas en el país frente a las crecientes amenazas del gobierno federal. La orden reafirma el compromiso de Chicago con políticas de seguridad comunitaria basadas en la prevención de la violencia, la educación, la oportunidad económica, el apoyo en salud mental y una vigilancia constitucional que respete los derechos civiles de todos los residentes. La medida está en línea con la voluntad de la mayoría de los habitantes, que rechazan una ocupación militar de la ciudad.

El despliegue de fuerzas militares federales en Chicago, sin el consentimiento de las autoridades locales, socava las normas democráticas, amenaza las libertades civiles y aumenta el riesgo de violencia. Como ha señalado Johnson, una acción tan drástica e injustificada solo debilitaría los avances logrados en la reducción del crimen violento.

En caso de que la administración Trump lleve adelante sus amenazas motivadas políticamente, la orden ejecutiva instruye a la ciudad a utilizar todas las vías legales y legislativas disponibles para resistir cualquier intento coordinado del gobierno federal que viole la soberanía de Chicago y los derechos de sus residentes.