Redacción El Chicago Hispano

El abuso en la presentación de demandas amenaza la economía de Illinois y encarece la vida de todos los residentes del estado, asegura un estudio de la organización Citizens Against Lawsuit Abuse (CALA).

El informe precisa que, en 2023, los litigios por daños excesivos costaron más de 215,000 puestos de trabajo en Illinois, y a los gobiernos estatal y locales, más de dos millones en ingresos perdidos, según reporta The Center Square.

“Cuando el gobierno estatal antepone los intereses del lobby de abogados litigantes a los de los empleadores de pequeñas empresas, vemos costos más altos, menos empleos, menor producción económica y mayor inflación que afecta a todos”, dijo el director ejecutivo de CALA, Phil Melin.

En una reunión con legisladores estatales, Melin presentó las conclusiones del informe, el cual estima que cada residente de Illinois paga un “impuesto por daños” de casi $1,900 cada año para cubrir la pérdida de empleos y la producción económica debido al abuso de las demandas.

En el caso de Chicago y los suburbios circundantes, este “impuesto por daños” se calcula en $2,497 dólares. “Como resultado, el año pasado, Illinois tuvo el cuarto aumento más alto en las primas de seguros para propietarios de viviendas en el país desde 2018, con un 18.5 %”, aseguró.

Melin agregó que la legislatura de Illinois está poniendo las cosas difíciles a los empleadores en el estado, incluida una medida que creó nuevas responsabilidades por daños punitivos, además de daños compensatorios debido a demandas de muerte por negligencia.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Abogados Litigantes de Illinois, Sara Salger, dijo a The Center Square que el estudio de CALA no es nuevo, “es un informe reciclado y deshonesto que ha sido desacreditado una y otra vez”.

El objetivo de este reporte, precisó, “es proteger las ganancias de sus grandes empresas financiadoras difundiendo el mito del abuso de las demandas y presionando a los legisladores para que reformen los daños. No existe correlación entre nuestros tribunales y la economía”.

Las estimaciones del “impuesto por daños” de CALA, agregó, “se utilizan para asustar a los ciudadanos y legisladores para que renuncien a su derecho constitucional a acceder a los tribunales y a sus fondos de impuestos, simplemente en aras de mayores ganancias corporativas”.