Mientras el sector empresarial ha mostrado su apoyo a los “soñadores” del DACA, congresistas republicanos han presentado un nuevo proyecto de ley para crear un camino a la legalización de los llamados “soñadores”, aquellos jóvenes inmigrantes llegados de niños al país y a los que el entonces presidente Barack Obama había protegido mediante una orden ejecutiva.

Sin embargo, el actual mandatario, Donald Trump, anunció el 5 de septiembre la revocación de dicha norma, conocida como Acción Diferida (DACA), y dio al Congreso un margen de seis meses para encontrar una salida legislativa para esos jóvenes.

La propuesta republicana no permitirá a los “soñadores” patrocinar visados para miembros de su familia en EEUU, una de las disposiciones que hacen el proyecto mucho más conservador que otras medidas planteadas anteriormente, reportó EFE.

Los promotores del texto son los republicanos Thom Tillis (Carolina del Norte) y James Lankford (Oklahoma), en busca de un texto que sea más acorde con los idearios de su partido que la propuesta bipartidista presentada por el demócrata Dick Durbin (Illinois) y el republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur).

La opción de Tillis y Lankford, basada especialmente en el mérito, lleva por nombre “Ley de solución para los niños indocumentados a través de carreras, empleo, educación y defendiendo nuestra nación” (o Ley SUCCEED, según las siglas en inglés, que forma una palabra que significa éxito).

Esos senadores esperan ganar el apoyo de los conservadores mientras el Congreso busca una solución después de la decisión de la Casa Blanca de comenzar a revocar permisos de trabajo y protecciones de deportación a principios del próximo año para cientos de miles de jóvenes.

La propuesta de Durbin y Graham, por su parte, plantea que los jóvenes inmigrantes llegados en la infancia podrían obtener residencia permanente legal y eventualmente ciudadanía estadounidense si cumplieran con ciertos requisitos, similares a los que planteaba DACA.

Kica Matos, portavoz de la organización pro inmigrante FIRM, dijo que el proyecto presentado por Tillis y Lankford “continúa criminalizando a las comunidades de inmigrantes”.

“El proyecto de ley exige la investigación extrema de los inmigrantes y restringe la reunificación familiar y la migración legal”, afirmó Matos, quien consideró que se trata del mismo patrón antiinmigrante promovido por el presidente Trump al rescindir DACA y “jalear” a los supremacistas.

Matos advirtió que organizaciones como la suya no lo van a permitir, y exigen la aprobación del texto promovido por Durbin y Graham sin condiciones.

Bajo la ley actual, los titulares de la tarjeta verde pueden presentar a parientes cercanos, como cónyuges o hijos, para que obtengan la residencia permanente.

Esta disposición es algo muy criticado por el propio Trump, quien considera que fomenta “la migración en cadena”.

En manos del Congreso

La suspensión del programa DACA entrará en vigor el 5 de marzo de 2018, periodo en el que el Congreso, el único con poder para cambiar el sistema migratorio en EEUU, debe encontrar una solución para regularizar la situación de los jóvenes indocumentados.
Los jóvenes que se han inscrito o que son elegibles al DACA pagan cerca de 2,000 millones de dólares al año en impuestos locales y estatales, según cifras de American Immigration Council. California, Texas, Nueva York, Illinois y Florida son los cinco estados que más se benefician de dicha recaudación de impuestos.

Esgrimiendo razones económicas, entre otras, el sector empresarial han mostrado su apoyo a los “soñadores”.

Sin los 800,000 “soñadores” la economía estadounidense perdería 460,000 millones de dólares del producto interno bruto y 25,000 millones en contribuciones del Seguro Social y del Medicare, señalaron en una carta a principio de septiembre los principales dirigentes de las compañías de tecnología de Silicon Valley, exigiendo al presidente Trump y al Congreso continuar con DACA.

“‘Los ‘soñadores’ son vitales para el futuro de nuestras empresas y nuestra economía”, escribieron los CEO en una misiva publicada en el portal de FWD.us, organización pro inmigrante. “Con ellos, crecemos y creamos empleos, y son parte de por qué seguiremos teniendo una ventaja competitiva global”.

Firmaron la carta Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook) Sundar Pichai (Google), Satya Nadella (Microsoft) y Reed Hastings (Netflix) además de otros 350 empresarios.

Apoyo masivo a “soñadores”

El 86 % de los estadounidenses apoya a los “soñadores” y al (DACA, mientras que el 62 % critica la gestión en materia migratoria del presidente rump, según una encuesta publicada el martes por ABC News y Washington Post, reportó EFE.

El sondeo, realizado a nivel nacional a 1,002 adultos, señala que el 69 % de los encuestados apoya “con firmeza” el programa que creó el entonces presidente Barack Obama en 2012.

Solo el 35 % de los encuestados se mostró a favor de las decisiones de Trump en materia migratoria.

El respaldo al DACA abarca a todos los grupos, incluyendo a tres de cada cuatro conservadores, el 86 % de independientes y el 97 % entre los demócratas, según EFE.

El apoyo es del 94 % entre los latinos, del 93 % entre los afroamericanos y del 84 % entre los blancos, indica el sondeo, que tiene un margen de error de 3.5 puntos porcentuales.

En cuanto a la aplicación de las leyes migratorias, mientras que antes de que Trump asumiera la presidencia en enero pasado el 6 % pensaba que la gestión era “demasiado dura”, ahora, con el magnate en la Casa Blanca, casi la mitad de los encuestados (45 %) opina en este sentido, reportó EFE.

El 79 % de los encuestados, que respondieron a entrevistas telefónicas entre el 18 y 21 de septiembre, aprueban que los empleadores examinen el estatus migratorio de sus trabajadores y verifiquen que las contrataciones son legales a través del programa federal “E-Verify”.

Además, el 55 % también se opone a reducir la inmigración legal a la mitad, otra medida propuesta por Trump, mientras el 39 lo apoya.

La mayoría de los encuestados dijeron que los indocumentados no cometen más delitos que el resto de residentes del país (69 %), mientras el 12 % sí piensa que el índice de delitos violentos es más entre los inmigrantes irregulares.