Las prisiones privadas que tienen contratos con Inmigración gastan millones de dólares en cabildeos con el Congreso para mantener una cuota de 34.000 indocumentados recluidos en todo momento, según un estudio reciente.
Grassroots Leadership investigó las condiciones en que son detenidos los inmigrantes en todo el país y concluyó que 9 de los 10 establecimientos usados por el Departamento de Seguridad Nacional son privados, y de ellos 8 son propiedad de dos corporaciones que han obtenido ganancias récord desde 2009.
Según el estudio, desde finales de 2007 la empresa GEO Group aumentó sus beneficios en 244 %, mientras que Corrections Corporation of America (CCA) obtuvo 46 % más de ganancias en el mismo período.
Estas dos empresas manejan el 62 % de las camas disponibles para indocumentados en el sistema y con su potencial económico dedican millones de dólares al cabildeo para proteger su negocio, agrega.
En particular se destaca la existencia de una cuota diaria de detenidos, que en 2014 pasó a ser de 34.000 personas, y que según el estudio convierte a las prisiones privadas en “los principales beneficiarios de las políticas agresivas de detención” que practicaría Inmigración.
En los primeros cinco meses de 2015, el promedio diario de detenidos cayó a 26.000, desconociéndose si ello se debe a un cambio en la cuota.
El estudio estima en 159 dólares diarios el costo de un detenido en las prisiones privadas arrendadas por Inmigración, y que el promedio de detención era de 31 días.
Sin embargo, hasta fines de diciembre de 2012 se comprobaron excepciones, con casi 4.800 personas que pasaron por lo menos seis meses en custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), “y una docena con entre seis y ocho años de reclusión”, además del caso extremo de un individuo que estuvo detenido 17,3 años, agrega.
Grupos proinmigrantes de todo el país, como la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), han criticado y combatido la creciente influencia de las prisiones privadas.
“Esto es algo a lo que nos oponemos y deploramos”, declaró hoy a Efe el director político de ICIRR, Fred Tsao, quien consideró que “nadie debería lucrar con el encarcelamiento de los indocumentados”.
Tsao estuvo al frente de los grupos que se opusieron en 2012 y 2013 a que la empresa CCA, basada en Tennessee, construyera cárceles en un área de 60 kilómetros alrededor de Chicago.
ICE argumentó entonces que no poseía un centro de detención en el área y debía rentar espacios en las cárceles de los condados vecinos.
Después que “los ciudadanos preocupados hicieron escuchar sus voces, educaron a sus vecinos y edificaron alianzas”, los esfuerzos cruzaron líneas étnicas y raciales y mostraron “una comunidad diversa y unida frente a un enemigo común”, expresó Tsao.
Sin embargo, los activistas continúan “muy preocupados” por la dependencia del Gobierno Federal en contratistas privados para manejar la reclusión de los inmigrantes.
El estudio de Grassroots Leadership sugiere la eliminación de la cuota de detenidos como “el primer paso hacia la eliminación de la privatización de las cárceles”.
Tsao mencionó además la necesidad de revisar el sistema usado para “detener gente que en su mayoría no es peligrosa y solamente espera que llegue su día en la corte”.
Entre las alternativas, ICIRR propone que los indocumentados sean sometidos a una “detención alternativa”, que les permita permanecer con sus familias e inclusive trabajar mientras esperan comparecer ante un juez de Inmigración, que en muchos casos puede demorar entre 4 y 5 años.