Chicago (IL), 19 may (EFEUSA).- Grupos de inmigrantes realizaron hoy una jornada nacional en la que pidieron el apoyo de legisladores y gobiernos locales para desbloquear la acción ejecutiva del presidente Barack Obama que hubiera beneficiado a partir de la fecha a miles de padres indocumentados.
Durante esta jornada nacional hubo manifestaciones, entrega de peticiones, vigilias frente a edificios gubernamentales y conferencias de prensa en 33 ciudades de 20 estados, con el reclamo de que se retire el apoyo a la demanda colectiva presentada por 26 estados que acusan al presidente de abuso de su poder ejecutivo.
La acción ante tribunales de Texas y Luisiana suspendió el programa Acción Diferida para Padres de Ciudadanos o Residentes Permanentes (DAPA) que debía entrar en vigor este martes.
También está suspendida la expansión de la Acción Diferida (DACA) para los “soñadores”, mientras se determina su legalidad.
En Birmingham, Alabama, miles de integrantes de la Coalición por la Justicia Inmigrante realizaron un “día de acción digital”, con llamadas telefónicas y mensajes al gobernador Robert Bentley, y al procurador de justicia estatal, Luther Strange, para que retiren su apoyo a la demanda colectiva.
“El gobernador malgastó millones de dólares para defender su ley antiinmigrante en 2011 y demuestra que no aprendió la lección porque continúa atacando a la comunidad inmigrante de todas formas posibles”, declaró la directora ejecutiva de la coalición, Ingrid Chapman.
Se estima que en Alabama las acciones ejecutivas de Obama podrían beneficiar a unos 25.000 inmigrantes.
También la Fiscal Federal de la Florida, Pam Bondi, apoyó una demanda “mal intencionada”, según declararon grupos proinmigrantes que exigieron hoy la restauración de la acción ejecutiva del presidente ante las autoridades de los condados Miami-Dade y Broward.
Según afirmaron, unos 250.000 residentes de la Florida podrían haberse beneficiado de los programas bloqueados.
En Raleigh, Carolina del Norte, los manifestantes se concentraron frente a la mansión del gobernador Patrick McCrory para exigirle que no apoye la demanda, y que los funcionarios electos dejen de lado “los juegos políticos que afectan las vidas de las familias inmigrantes”.
Las protestas también reafirmaron la voluntad de continuar la preparación de los indocumentados para la eventual puesta en marcha de los programas de alivio temporal.
En California se lanzó la campaña “Ready California”, en un estado que se calcula tiene la mayor cantidad de beneficiarios con 1,35 millones de indocumentados elegibles.
Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición Para los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA), afirmó que se continuará “preparando a la comunidad todo lo que sea necesario” para acogerse a la acción ejecutiva presidencial.
Al mismo tiempo, “llamaremos a responsabilidad a todos cuyo desdén evita que podamos avanzar”, agregó.
En Illinois, grupos proinmigrantes, legisladores electos y representantes empresariales reafirmaron que el estado está listo para ayudar a registrar a unos 280.000 indocumentados elegibles para el alivio.
Reunidos este lunes en el local de la organización Erie Neighborhood House del barrio West Town, el senador demócrata Richard Durbin calificó de “desafortunado” que la acción judicial republicana, “destructiva y desesperada”, haya dejado en suspenso la vida de millones de inmigrantes.
El congresista demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, opinó que “es solo una cuestión de tiempo” para que se levante el bloqueo judicial al registro.
“En todo el país hay una gran necesidad de información y de ayuda para prepararse para ese momento”, afirmó.
Tanto DACA como DAPA ofrecen a los indocumentados un permiso renovable de trabajo durante tres años, acceso a una tarjeta de Seguro Social y licencias de conducir en los estados que lo permiten.
Miriam Yeung, vicepresidente de la organización “We Belong Together”, declaró que las mujeres inmigrantes han luchado “valientemente” para defender las acciones de Obama, mediante actos de desobediencia civil y marchas en reclamo de justicia.
En un comunicado, la organización hizo un llamado “a nuestros funcionarios electos”, para que dejen de bloquear “reformas que son muy necesarias y de sentido común”, y afirmó que “nuestras comunidades no van a detener la lucha”.
“Mi familia vota”, por su parte, se movilizó en ciudades de Arizona, California, Colorado, Nevada, Texas y Florida, para protestar contra “los conservadores que bloquean el alivio migratorio”.
Eduardo Sainz, coordinador de la organización en Tucson, Arizona, dijo a Efe que la comunidad “no se ha quedado quieta o callada” ante la demanda, y en cambio continuó registrando votantes en seis estados para las elecciones presidenciales de 2016.
“Los hijos ciudadanos de esos millones de padres que no se han podido favorecer con DAPA van a votar, y a tener bien presente quién los apoyó”, afirmó.
Otros grupos que participaron en la jornada incluyeron a “America’s Voice”, “United We Dream”, “Unite Here” y decenas de sindicatos y organizaciones cívicas.